A juicio seis personas por obligar a mujeres a prostituirse y blanqueo de capitales en Oviedo

Seis personas han sido acusadas de delitos de prostitución coactiva, atentado contra la salud pública y blanqueo de capitales; comparecerán este mismo jueves 5 de noviembre ante el tribunal. El juicio tendrá lugar en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a partir de las 10:00 horas.

Los principales acusados son una pareja que, desde 2019, se dedicaba a explotar y lucrarse de mujeres en pisos que alquilaban precisamente para ello en localidades como Mieres, Oviedo, León o Badajoz. La mayoría de mujeres a las que obligaban a prostituirse eran de procedencia sudamericana, exiliadas de su país de origen por su precaria situación en busca de un futuro mejor.

La fiscalía pide para ambos 23 años de prisión por los delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva, maltrato de obra, lucro con la prostitución ajena, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Además de ellos, existen otras cuatro personas que serán acusadas por diferentes delitos.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, las mujeres trabajaban bajo unas condiciones deplorables, las cuales se veían obligadas a aceptar para poder sobrevivir. De esta manera eran sometidas por los acusados, que aprovechaban estas circunstancias para obtener beneficios. Las chicas debían estar disponibles las 24 horas del día, pudiendo salir de las viviendas, en las que trabajaban y residían, por un período máximo de 45 minutos al día, y con una estancia mínima de 3 semanas.

Las mujeres eran obligadas a realizar numerosos servicios seguidos sin tener tiempo de descanso, lo que las llevaba al agotamiento físico. De esta manera no podían alegar cansancio o enfermedad para prestar servicios.

Algunos de los encuentros se llevaban a cabo en los domicilios particulares de los clientes, y era el primer acusado el encargado de llevar a cabo los desplazamientos de las mujeres a los mismos. De igual manera, las mujeres debían facilitar, a los clientes que lo solicitaran, estupefacientes (cocaína) y viagra, sustancias que les entregaban los acusados.

Durante el desarrollo de los servicios por parte de las mujeres, los investigados llevaban un estricto control con cámaras de videovigilancia en los pisos, cuyas imágenes eran observadas a través de teléfonos móviles. También publicaban anuncios de las mujeres ofertando sus servicios en páginas de contactos para captar más clientes y conseguir su objetivo.

Ninguna de las víctimas tenía contrato de trabajo ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. Igualmente, mantuvieron trabajando a varias chicas durante el período de cierre debido a la pandemia de COVID-19, pese a las restricciones y prohibiciones existentes en la época y con el peligro para su salud.