El valor (desaprovechado) de los medicamentos genéricos
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, han compartido en una sesión emitida en directo dentro de las II Jornadas OKSALUD su visión sobre la aportación de los medicamentos genéricos al Sistema Nacional de Salud. En su singladura en España, de 25 años, han pasado por épocas de avances significativos, pero la falta de normativa favorable los ha dejado estancados, indican los expertos. Ahora hacen un llamamiento para aprovechar su valor como reguladores de los precios del mercado y aval del acceso a terapias eficaces, seguras y de calidad.
Rodríguez de la Cuerda pedía en nombre del sector «visión» a la administración sobre el valor de los medicamentos genéricos “más allá de buscar el precio más bajo posible” porque se trata de productos con un precio medio «equivalente al de un café» que aportan un valor sustancial al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes. El valor de un medicamento tiene una doble vertiente: como regulador de los precios, que no bajarían si no fuera por la competencia de los genéricos, y como garantía de suministro (el 70% de los medicamentos usados en las UCI en los peores momentos de la pandemia tenía versión genérica, pero además se proporcionó terapia a todos los pacientes españoles con condiciones diferentes al Covid). «El omeprazol ha pasado de costar 36 euros a solamente 2. Los genéricos suponen un ahorro de 2.000 millones anuales», recordaba.
Tanto él como Martínez se han referido a los genéricos como «una auténtica conquista social». Martínez ha recordado que la cultura del genérico se ha extendido en este cuarto de siglo en parte por la información «paciente a paciente» que han proporcionado los profesionales de más de 22.130 farmacias repartidas por todo el territorio. Rodríguez de la Cuerda recordaba aquellas etapas iniciales como una “travesía del desierto” y valora enormemente la labor divulgadora de los profesionales de la farmacia.
Así, se ha progresado de un empleo del genérico de solamente el 8% (en el año 2007) al 40% actual, que aun siendo un logro, pone en evidencia el retraso relativo de España respecto a otros países europeos, donde el promedio es del 65%. En el balance positivo, Martínez destaca la frecuencia con la cual los ciudadanos piden medicamentos en la farmacia llamándolos por su principio activo «incluso cuando no hay versión genérica».
No obstante, ambos consideran que la cooperación, que fue el pan de cada día durante la crisis sanitaria provocada por el Covid (entre compañías, profesionales y autoridades), debe mantenerse, y el valor de los medicamentos genéricos, ser reconocido por una normativa acorde y «pro-genérico» sin medias tintas.
Desde la crisis financiera de 2008, un momento en el cual las autoridades eran particularmente sensibles al valor del genérico, la evolución normativa ha empeorado progresivamente. Ambos expertos pusieron como ejemplo de regulación adversa la concesión de exclusividad a un único fabricante “teniendo en cuenta únicamente el menor precio”. Es un marco que se empleó en Andalucía con el modelo de las subastas que tuvo un impacto considerable en cuanto a falta de suministros. Martínez recordaba que el registro establecido por su organización detectó que un 40% de las incidencias en suministro de medicamentos tenían su origen en un modelo que ambos esperan no se vuelva a repetir.
El farmacéutico, además de ser un socio natural en la educación sobre genéricos, era objeto en el pasado de normativa favorable para la promoción de su empleo, una de las medidas que se han ido diluyendo con el paso del tiempo. «Incluso hubo medidas que favorecían la prescripción, orientadas a los médicos», recordaba el secretario general de AESEG.
Siete de cada diez genéricos usados en España se fabrican aquí, el sector mantiene una importante producción en el país, con 20 plantas, y emplea a 40.000 personas. Tanto farmacéuticos como AESEG consideran que el potencial de estos tratamientos merece un marco favorable para desplegar todos sus efectos beneficiosos en el acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan, la economía de la salud y la prosperidad y competitividad del país.
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