Sanidad admite tras el caso Noelia que no hay protocolo específico para dudas en la eutanasia

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 09/06/2026 14:38
  • Actualizado: 09/06/2026 14:38

Tras varios meses desde que el caso de Noelia, la joven que solicitó la eutanasia, reabriera el debate público en España, el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García desvela ahora, a raíz de una petición de información al portal de transparencia, que no se dispone de un protocolo específico para situaciones en las que un solicitante manifiesta dudas, vacilaciones o cambios de opinión durante estos procesos. La respuesta vuelve a situar en primer plano uno de los puntos más sensibles de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021.

El caso de Noelia se convirtió en uno de los más mediáticos y controvertidos en torno a la eutanasia en España, generando una fuerte polarización social y política. Su situación puso el foco sobre cómo debe interpretarse la voluntad del paciente cuando esta no es completamente estable o cuando se producen episodios de ambivalencia durante la tramitación de la prestación, abriendo un debate de fondo sobre las garantías del sistema.

Así, según estos datos, se explica que, en relación con la solicitud de información sobre la existencia de protocolos o instrucciones específicas ante la manifestación de dudas, vacilación o ambivalencia por parte de una persona solicitante de la prestación de ayuda para morir, «procede señalar que la LORE no contempla un protocolo independiente y específico para estos supuestos, sino que integra esta eventualidad dentro del propio diseño del procedimiento».

Según explica la documentación del propio Ministerio, estas circunstancias se abordan dentro del denominado «proceso deliberativo», un marco clínico continuado entre el paciente y los profesionales sanitarios que tiene como objetivo evaluar la voluntad, la capacidad de decisión y la consistencia de la solicitud a lo largo del tiempo. En su respuesta, Sanidad señala que no existe un protocolo específico independiente para estos supuestos, al considerar que ya quedan integrados dentro de las garantías generales previstas en el propio procedimiento de la ley.

Sanidad deja así el protocolo específico «ante la ambivalencia porque incorpora de manera transversal su abordaje dentro del propio procedimiento», a través del proceso deliberativo, la reiteración de la solicitud y la intervención de distintos profesionales, orientado a respetar y proteger la autonomía de la persona en todo momento», argumentan.

Pero la explicación plantea interrogantes relevantes. La ambivalencia, la incertidumbre o los cambios de criterio forman parte habitual de las decisiones que afectan al final de la vida. Sin embargo, el Ministerio considera que no es necesario establecer mecanismos diferenciados para abordar estas circunstancias y confía en que el propio procedimiento sea capaz de detectarlas y gestionarlas. La cuestión que se abre es si un asunto de semejante trascendencia debería depender exclusivamente del criterio clínico de los profesionales intervinientes o si sería deseable una regulación más detallada y homogénea para todo el sistema sanitario.

La respuesta oficial también pone de manifiesto otra realidad: la ley no distingue entre pacientes terminales y no terminales. La eutanasia puede autorizarse tanto en casos de enfermedad grave e incurable como en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esta amplitud interpretativa ha sido uno de los elementos más debatidos desde la aprobación de la norma y sigue generando controversia en algunos de los expedientes más mediáticos.

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Más allá del caso concreto que motivó la solicitud, el documento evidencia que buena parte de las garantías previstas en la ley descansan sobre conceptos amplios como la «voluntad sostenida en el tiempo», la «capacidad de decisión» o el propio «proceso deliberativo». Aunque Sanidad defiende que el sistema es robusto y garantista, la ausencia de protocolos específicos en cuestiones especialmente sensibles abre un debate legítimo sobre la conveniencia de reforzar los criterios de evaluación y aumentar la transparencia en la toma de decisiones.