El Gobierno no financiará el único fármaco que frena la progresión del alzhéimer

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 16/07/2026 18:15
  • Actualizado: 16/07/2026 19:12

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), denuncia como injustificable la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de rechazar, una vez más, la financiación de los primeros y únicos tratamientos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Una decisión que abandona a miles de pacientes.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios celebrada el pasado 15 de julio de 2026, ha decidido no financiar Kisunla® (donanemab), indicado para adultos con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana en fase de deterioro cognitivo leve y demencia leve.

Donanemab es el resultado de más de 35 años de investigación de la compñaía Lilly en la enfermedad de Alzheimer: años de hipótesis, ensayos, moléculas que no llegaron y la perseverancia de quienes sabían que valía la pena seguir. Por primera vez, podemos hablar de un tratamiento que no sólo alivia síntomas, sino que modifica el curso de la enfermedad y cuenta con evidencia que respalda la finalización del tratamiento una vez eliminadas las placas de amiloide del cerebro. En población europea, donanemab ha demostrado reducir el riesgo de progresión al siguiente estadio clínico en un 38% y el riesgo de progresión a demencia moderada en un 48% frente a placebo.

Con ella, aseguran, el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas vuelven a negar el acceso a una innovación terapéutica que ya ha sido avalada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que está disponible en más de medio centenar de países, incluida la sanidad privada española, y que representa el mayor avance científico frente al Alzheimer. «España se sitúa de nuevo al margen de la innovación biomédica, negando a miles de personas la única opción terapéutica capaz de demorar la evolución de la enfermedad. Es una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos».

«La resolución condena a hijos, hijas, cónyuges y cuidadores a contemplar cómo la enfermedad sigue robando recuerdos, autonomía y tiempo, sabiendo que existe un tratamiento que España ha decidido no poner a su alcance. Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes. Cada semana que pasa, nuevos pacientes dejan definitivamente de cumplir los criterios clínicos para acceder a una oportunidad que nunca podrán recuperar». No se trata de un retraso administrativo, sino de una decisión de enorme crueldad, afirma este colectivo, porque la Administración «no está aplazando una partida presupuestaria, está privando a miles de personas de la única opción que existe».

Durante este tiempo, CEAFA y distintas sociedades han mantenido reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios, y han ofrecido múltiples propuestas para que España estuviera preparada para incorporar estas terapias con criterios de equidad, planificación y rigor científico.

Este trabajo ha obtenido incluso el respaldo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que ha reconocido la importancia estratégica de facilitar la llegada de esta innovación. «El esfuerzo realizado por pacientes y clínicos para preparar al Sistema Nacional de Salud choca ahora contra una decisión política que rompe el consenso construido durante meses».

«Tampoco se sostiene desde el punto de vista económico. El cuidado de una persona con Alzheimer avanzado supone un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que asumen alrededor del 80 % del impacto económico ante el colapso crónico del sistema de dependencia. No financiar el tratamiento temprano no ahorra recursos; simplemente desplaza la carga económica hacia fases más avanzadas de la enfermedad, cuando la dependencia y los costes sanitarios y sociales son muy superiores», argumenta CEAFA.

Las sociedades científicas consideran especialmente grave el mensaje que esta decisión lanza a toda la sociedad. Durante años, investigadores, científicos y profesionales sanitarios han dedicado esfuerzo y recursos a encontrar tratamientos frente al Alzheimer. «Lo han conseguido. Hoy, la ciencia ha cumplido. Sin embargo, cuando ese avance llama a la puerta del Sistema Nacional de Salud, la respuesta vuelve a ser un no. De nada sirve pedir más investigación si después se impide que sus resultados lleguen a quienes más los necesitan».