El Tribunal de Cuentas borra las huellas del delito

A instancias del Gobierno —a través de la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz—, el Tribunal de Cuentas borró un contrato de Innova Next, empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, fiscalizado en su último informe sobre la contratación de la entidad pública Red.es. Los hechos se produjeron del siguiente modo: el órgano fiscalizador incluyó un contrato adjudicado a Innova Next, empresa de Barrabés, y con un importe de 2,3 millones, en el borrador del informe de fiscalización sobre la contratación de Red.es. El contrato en cuestión consistía en un servicio de apoyo y asesoramiento a la Oficina Acelera Pyme, para la puesta en marcha del llamado kit digital de ayuda a la digitalización de las empresas. Adjudicado en 2011, el Tribunal de Cuentas detectó una batería de irregularidades, como la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas, lo que, advirtió, ampliaba la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, señaló la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés y que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato.

O sea, que el Tribunal de Cuentas detecta graves irregularidades en el contrato otorgado al socio de Begoña Gómez y el Gobierno logra que el Tribunal de Cuentas lo borre. Pues no hay que ser muy sagaz para concluir que eso se parece mucho a un delito de prevaricación. Abreviando: el Gobierno acusa al Tribunal de Cuentas de «exceder el mandato de fiscalización, introduciendo un elemento de distorsión jurídica y contable, comprometiendo la coherencia, precisión y legalidad del contenido del informe en cuanto a su delimitación objetiva» y el Tribunal de Cuentas se pliega mansamente al mandato del Gobierno y mete el contrato sospechoso en un cajón. Visto lo visto, habría que fiscalizar al Tribunal de Cuentas.