Sin aforados… pero en ninguna parte

El final de los aforamientos resulta imprescindible para regenerar la realidad política y jurídica de España. Nuestro país vive instalado en un anacronismo absolutamente desproporcionado. Mientras democracias de Champions League como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos carecen de aforados, nosotros contamos con 280.000 entre Familia Real, jueces, fiscales, cargos políticos y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una cifra que convierte en mera entelequia el artículo 14 de la Constitución: «Todos los españoles somos iguales ante la ley». El contexto requiere de la intervención responsable y honesta de las principales formaciones políticas. Ahora que Ciudadanos se muestra inflexible en exigir la supresión de este derecho en la Región de Murcia como condición para investir al popular Fernando López Miras, sería interesante que esa medida se extrapolara al resto de autonomías donde el partido de Albert Rivera tiene la oportunidad de modificar los esquemas tradicionales. 

Resulta lógico pensar que si están perseverando tanto en Murcia tras la imputación de Pedro Antonio Sánchez, harán lo mismo en Andalucía. Ciudadanos se lo ha tomado con mucha más tranquilidad allí. Susana Díaz aún no ha cumplido ese punto del pacto de investidura a pesar de que ya han transcurrido dos años de la misma. Es de valorar la determinación mostrada por los de Rivera, pero ha de ser igual en todas las regiones para que sea creíble. En países vecinos como Portugal o Italia el único aforado es el presidente de la República. En Francia, por su parte, sólo gozan de esta prebenda el presidente, el primer ministro y su equipo de Gobierno. Si bien es recomendable que el Rey e incluso el presidente del Ejecutivo mantengan esta condición, la monarquía parlamentaria que rige España ha de eliminar este lastre mastodóntico para entrar de una vez en el siglo XXI. Así todos los españoles disfrutarán de verdad de los mismos derechos y cumplirán con los mismos deberes ante la Justicia.