Silencio cómplice de la Fiscalía

La historia de María (nombre ficticio), la menor tutelada por el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) del Govern balear, que fue obligada a abortar en noviembre de 2020 después de quedar embarazada, refleja con toda crudeza la inhumanidad del Gobierno socialcomunista de Francina Armengol. Porque el cúmulo de irregularidades es de tal calibre que lo que está en cuestión ya no es sólo la supina insensibilidad de la administración balear -eso se da por descontado-, sino si su actuación es constitutiva de delito. El IMAS denunció su desaparición ante la Guardia Civil y mantuvo la denuncia activa durante 13 meses, a pesar de que tenían localizada a la menor en casa de su novio.

El atestado policial, que es demoledor, fue entregado en la Fiscalía de Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, el pasado 20 de agosto, pero extrañamente el Ministerio Público no ha hecho nada. Si la Fiscalía tiene como misión estudiar y valorar los atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se entiende que ante un caso como este no haya considerado necesario abrir una investigación judicial. Y es que llueve sobre mojado, porque la Fiscalía de Menores de Baleares ya archivó una denuncia sobre al menos otras 16 menores prostituidas en octubre de 2020, un escándalo que traspasó fronteras y llevó a la Unión Europea a enviar una comisión a la isla balear para investigar estos casos.

Lo sorprendente es que los investigadores dedicaron meses de búsqueda desde cero, sin pistas claras, a pesar de que el IMAS sabía que la menor vivía en casa de su novio en Palma de Mallorca. ¿Cómo es posible que el centro no reclamase nunca a la Policía que la reintegrase allí desde donde estaba huida, como dictan los protocolos en casos de menores? Y si los responsables de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes sabían dónde estaba la niña desaparecida, ¿por qué no retiraron la denuncia? ¿Qué trataban de ocultar? Y, ¿a qué se debe el silencio cómplice de la Fiscalía?