Si los Mossos actúan como una mafia que los cierren

Los Mossos tienen que estar al servicio de la ley y no como siervos de los que van en contra de ésta. En este tema no hay lugar para la tibieza ni para los tonos grises: o se reformulan o tendrán que cerrarlos. Lo que no puede ser bajo ningún concepto es que se comporten como una mafia  y se dediquen a espiar y presionar a los ciudadanos en vez de garantizar los derechos fundamentales de los mismos. El último caso de esos abusos de autoridad lo encontramos en la figura de Victoria Álvarez. La policía autonómica catalana siguió a la garganta profunda del caso Pujol por el mero hecho de denunciar las infinitas corruptelas del mayor clan delictivo de Europa.

Un comportamiento que recuerda al estado policial que imponía la Stasi en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Impropio de un país democrático del siglo XXI. Victoria Álvarez no había cometido delito alguno. Sólo puso en conocimiento de la justicia el latrocinio endémico de los Pujol. Un acto valiente que, además de ser bueno para la sociedad, retrataba a los que durante tanto tiempo habían hecho de Cataluña su hacienda particular. No obstante, los Mossos decidieron ir contra ella. Además del espionaje policial, Álvarez lleva años recibiendo amenazas y mensajes anónimos en los que alguien le advierte de que es mejor para ella que se mantenga en silencio. La policía autonómica debería estar para esclarecer ese tipo de casos oscuros y no para espiar a personas que no tienen ninguna cuenta pendiente con la ley.

Desgraciadamente no es así. Bajo el mando de Josep Lluís Trapero y la presidencia de Carles Puigdemont también han espiado a políticos y jueces. Por ejemplo, al magistrado Ramírez Sunyer, instructor clave en las investigaciones del 1 de octubre y de sus fases preparatorias. También a la líder del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Prácticas de un grupo policial que necesita una profunda depuración en todas sus estructuras así como asegurar que acatarán la ley de manera que no se vuelvan a repetir comportamientos conniventes con los golpistas como los que acaecieron durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Aquel día, la inacción de casi 4.000 mossos fue tan ilegal como el comportamiento de los propios organizadores. El Gobierno no debe permitir que eso vuelva a ocurrir jamás. Por eso, reformulación o cierre. No hay otra opción.