Sánchez utiliza las pensiones como coartada para blindar la okupación

Cuánta razón tiene Alberto Núñez Feijóo cuando afirma que la ley de vivienda del Gobierno supone «facilitar la okupación ilegal» de inmuebles. Y qué plena de sentido está su declaración de que «esta ley supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo, pues supone intervención en los precios y supone facilitar la okupación de viviendas». Nada que objetar cuando asevera que «por tanto, populismo, intervención de precios y okupación ilegal de la vivienda no es compatible con lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos que están pagando un alquiler, una hipoteca, o que ya la han pagado y pretenden que nadie ocupe sus casas de forma ilegal».

Si a esto le añadimos el hecho de que la izquierda en la Mesa del Congreso de los Diputados lleva once meses bloqueando la ley anti-okupación aprobada hace un año por el Senado parece evidente que es altamente discutible votar a favor de prorrogar las medidas de blindaje a okupas e inquiokupas contenidas en el nuevo decreto ómnibus.

Es verdad que ese decreto contiene también la revalorización de las pensiones y que el Gobierno utiliza a los jubilados como coartada, pero cuando la Mesa del Congreso vuelva a negarse a tramitar la ley del Senado -con mayoría del PP- que pretende acabar con la okupación de inmuebles, cabría preguntarse si los populares podrían hacer algo más que votar sí. Porque está clara cuál es la intención de Pedro Sánchez: bloquear el debate de la ley anti-okupación de Feijóo y, al tiempo, forzar al PP a votar a favor de la prórroga que blinda a okupas e inquiokupas metiéndola en el mismo saco que la subida de las pensiones. Una trampa propia de un tahúr. En estas circunstancias, ¿qué debería hacer el PP? La cuestión no es sencilla, pero los dilemas más profundos suelen resolverse aplicando la coherencia y el sentido común.