Roig tiene razón

Juan Roig ha vuelto a sufrir furibundos ataques de la izquierda, especialmente de Podemos. El magnífico empresario valenciano dijo esta semana que habían subido muchísimo los precios –»una burrada», en sus propias palabras- pero que si no lo hubiesen hecho las consecuencias habrían sido catastróficas. Y tiene razón, por varias razones: si no repercute el incremento de los costes en los precios, habría sufrido pérdidas importantes, pues las grandes cadenas de supermercados no basan su beneficio en un gran margen, sino en ampliar la base de clientes, de manera que el producto de multiplicar un margen pequeño por producto por muchos productos vendidos es lo que les generan un importante beneficio.

Por tanto, si ese margen se resiente, el beneficio cae. De hecho, explicó que sus costes han subido en media un 12% y los precios han subido dos puntos menos, un 10%. Por tanto, esos dos puntos se los resta al margen, de manera que lo asume la empresa vía menor incremento de beneficios.

Por ello, si hubiesen asumido todo el incremento del coste sin repercutir nada en precios, el beneficio de Mercadona se habría desplomado, que le habría llevado, a buen seguro, a tener que cerrar tiendas y despedir personal. Con ello, habría habido un empobrecimiento de la empresa, de los trabajadores despedidos, de los que hubiesen permanecido, pues la compañía no habría podido continuar con su senda de incremento salarial y participación en beneficios que suele tener con su plantilla, y habría supuesto un mayor gasto público, por incremento del desempleo, y caída de recaudación tributaria y de cotizaciones, por el mismo motivo.

Y si no hubiese subido precios negociando fuertemente con los proveedores para que no se los trasladasen a Mercadona, habría asfixiado a sus proveedores, muchos de los cuales habrían tenido que cerrar y/o que despedir a parte o todo su personal, llegando a los mismos problemas antes mencionados.

Ese empobrecimiento de la economía, se habría intensificado con el consiguiente descenso del consumo motivado por la merma en la renta disponible de todos los afectados. Eso llevaría a que todas esas otras empresas afectadas por el descenso del consumo tuviesen que cerrar o destruir puestos de trabajo, elementos que profundizarían más en la caída económica.

Por tanto, queda claro que, como dice Roig, la alternativa a no repercutir precios habría sido mucho peor. Para evitar esa transmisión habría que haber actuado mucho antes: por una parte, el BCE, aplicando antes una política monetaria contractiva que hubiese evitado que la inflación se hubiese enroscado en toda la cadena de valor. Por otra parte, el Gobierno, que debería reducir el gasto público para no interferir en la transmisión de la política monetaria, ya que con su ingente gasto presiona artificialmente los precios al alza y retrasa el efecto de las medidas del BCE, haciendo que tengan que durar más en el tiempo y con mayor intensidad.

Por tanto, el responsable de la elevada inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos son los poderes públicos, tanto el banco central como el Gobierno. Por ello, los miembros del Ejecutivo deberían dejar de insultar a los empresarios, como han vuelto a hacer con Roig, además de manera cada vez más ordinaria, y poner de su parte en lo que les compete, y dejar que dichos empresarios continúen generando puestos de trabajo -cerca de 100.000 en el caso de Mercadona-, en lugar de generar inseguridad jurídica, insultarlos y empujarlos, con sus medidas, a irse, como ha sucedido en el caso de Ferrovial.