Reforma constitucional para impedir lo que hace Sánchez

Para conmemorar sus ocho años de acceso al gobierno, es oportuno y conveniente extraer algunas conclusiones del mandato de Sánchez. Cuando menos, para evitar que una situación como la que el sanchismo está protagonizando desde entonces pueda volver a repetirse. Para empezar, y no es una cuestión menor: intentar impedir que en España se bunkerice un gobierno literalmente incapaz de gobernar, al carecer de la mayoría parlamentaria necesaria para ello. Por si hubiera alguna duda al respecto, las declaraciones de dirigentes cualificados de Junts y el PNV afirmando que ya no apoyan al gobierno y que debe convocar elecciones lo acreditan absolutamente.

Cualquiera de ambas formaciones nacionalistas, catalana y vasca respectivamente, se bastaría por ella misma para que el ejecutivo perdiera la mayoría, y unidas le colocan en una situación política insostenible. Desde luego, en una democracia parlamentaria como se supone que es la española, esta situación es inaceptable.

Está claro que el instrumento constitucional de la moción de censura, mediante el cual el sanchismo accedió a la Moncloa, estos nacionalistas beligerantes contra la unidad nacional de España, no lo van a utilizar. Al necesitar del apoyo de Vox para que una eventual moción de censura triunfe. Ante esta situación será preciso lo que comentamos más adelante: una reforma constitucional que exija que, ante una situación como la actual, de pérdida objetiva de la mayoría parlamentaria, el presidente o bien disuelva las Cortes y convoque elecciones, o se someta a la cuestión de confianza regulada en el artículo 114 de la Constitución. Es lo que debería realizar por propia voluntad todo presidente del gobierno digno de tal consideración.

Pedro Sánchez ha demostrado estar dispuesto a permanecer en el poder a cualquier precio, mientras no se le obligue legalmente a desalojarlo. Esta situación se añade a la también insólita de que lleve tres sucesivos ejercicios presupuestarios incumpliendo literalmente el artículo 134 de la Constitución, que en su apartado 3.º establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Lo que significa que para el 30 de septiembre de cada año, esta obligación constitucional se haya cumplido.

Pues bien, en la actual legislatura la ha incumplido todos los años desde 2023. Que además no está en condiciones de cumplirla tampoco en el presente 2026, dándose la inaudita circunstancia de incumplir durante toda la legislatura con un deber constitucional de singular relevancia. Era inimaginable que pudiera producirse una situación de estas características, pero lo cierto es que se está produciendo, y este precedente que la «coalición progresista” ha creado, debe evitarse que pueda repetirse en el futuro, obligando a convocar elecciones si reincide en su incumplimiento. Y a su vez reformar el artículo 114 de la Carta Magna, además del referido 134, para obligar al presidente a plantear la cuestión de confianza cuando se den indicios que la hagan necesaria.

Como sucede en la actualidad, donde el gobierno no puede legislar y está abusando del instrumento del real decreto ley, que incluso ahora tampoco podrá utilizar. En resumen, la experiencia que deja la «coalición progresista sanchista» gubernamental hace necesario que no pueda volver a producirse en España algo similar. Para lo cual la reforma constitucional es imprescindible, con una redacción de los artículos referidos, en la línea comentada. Es evidente que con el actual PSOE, virtual «Partido Sanchista», un pacto para que esa reforma constitucional se pueda efectuar es sencillamente imposible.

Pero es que otra consecuencia derivada de la experiencia actual es que esa reforma la necesita absolutamente el propio PSOE. Tan profunda que, de hecho, debe ser una auténtica «refundación». Por algo, los dirigentes del anterior PSOE acordaron cesar a su secretario general Pedro Sánchez en un histórico Comité Federal el 1 de octubre de 2016. Le conocían y le desalojaron de Ferraz para impedir que pudiera hacer lo que, tras su reincorporación al mando de Ferraz, viene haciendo. Ya sabemos cómo lo consiguió, acompañado de personas hoy muy conocidas por los españoles, visitando todas las casas del pueblo. Con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, un «militante socialista ejemplar» a quien encargó la custodia de los avales obtenidos durante la gira. Y en estas manos se encuentra España.