¿Por qué financiamos la vida privada de Sánchez?
El sainete en torno a la residencia de Isabel Díaz Ayuso ha desplegado de nuevo la comedia involuntaria de la política española en tres actos: una fallida adscripción administrativa, un alquiler en Idealista y una puesta a la venta por incendios. Para la oposición, el folletín alimenta fantasías libidinosas de irregularidad; para la lógica jurídica, no pasa de ser un enredo burocrático sin rastro de ilegalidad.
En efecto, si el ático fuera una residencia oficial de la Presidencia mientras ocupa el cargo, sigue siendo patrimonio de la Comunidad de Madrid, exactamente igual que Ajuria Enea es patrimonio vasco o Moncloa, patrimonio del Estado. Que el inmueble fuera un regalo personal a Ayuso de seis millones cayendo del cielo sobre su cabeza como quien recibe una cesta de Navidad no cuela ni en la serie de dibujos animados más psicodélica: el piso sigue siendo, hoy y siempre, patrimonio de Planifica Madrid, es decir de todos los madrileños, no de la presidenta.
Lo primero que hay que aclararle a la izquierda rottweiler es que no hay chuletón, no hay pifia, ni chicha por ningún lado, sólo diligencias abiertas y un juzgado curioseando. Ahora, elegante, elegante como John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (que en paz descansen) no ha sido la gestión de comunicación del asunto, que por alguna razón no ha querido o podido poner sobre el tapete las aclaraciones oportunas regalando munición innecesariamente.
Repasemos: Planifica Madrid compra en abril un ático de 481 metros en Chamberí como oficina temporal mientras se reforma la Real Casa de Correos. Problema: el edificio es residencial, no se puede montar un despacho ahí. Se destapa el tema y la Comunidad anuncia que lo vende para ayudar a los afectados por los incendios. En paralelo se anuncia, casi a la vez y casi enfrente, el dúplex donde convivían la Presidenta y su pareja (anuncio que desapareció de Idealista sin que la venta llegara a cerrarse). Ayuso, finalmente, se muda a un piso de alquiler en Puerta de Hierro. Todo muy casual, sí.
Ante la ausencia de datos y por elucubrar, que para eso escribo y no legislo, se me ocurren dos guiones posibles puramente especulativos para este vodevil inmobiliario: o lo compraron, con arreglo a la tradición patria, para residencia y despacho de la presidencia mientras dure el mandato (como Ajuria Enea o Moncloa, que a nadie escandalizan), y luego alguien decidió que mejor no por prevenir ciertos revuelos y lo desmintieron, generando esta melé de despacho-oficina-reuniones que ha terminado enredando más que aclarando; o bien, sencillamente, lo compraron para oficina temporal y alguien en la maquinaria administrativa se olvidó de mirar el pequeño detalle de que el edificio tiene calificación residencial. No hay tercera vía, y desde luego no hay cuento de hadas con final feliz para Sánchez y Belarra.
Sin embargo, el ático «de Ayuso» abre un melón que tenía ganas de probar: la residencia oficial en la tradición patria, un vicio nacional que no está en el Código Penal pero debería estar en el catecismo.
El lehendakari vivió en Ajuria Enea, con jardín de cien mil euros al año, durante treinta y cinco años ininterrumpidos. Sánchez veranea con familia, padres, hermano, cuñada y amigos en el Palacio de La Mareta a cargo de Patrimonio Nacional. Y 12 de sus 22 ministros viven de gorra en pisos del Estado (Yolanda Díaz, icono del comunismo, en 443 metros para ella y su hijita, atravesando los salones en patinete eléctrico), Óscar Puente en un ático reformado con más de un millón de dinero público…
Ahora bien, que sea una práctica extendida, legal y plenamente asentada en nuestra cultura de poder no implica que deba ser el único horizonte. Frente a este modelo, resulta inevitable mirar hacia un estándar europeo mucho más moderno, higiénico y estéticamente republicano en sus formas.
El referente indiscutible es la política germánica y nórdica pero hay más. Angela Merkel durante sus 16 años al frente de la cancillería siguió viviendo en su apartamento en el centro de Berlín, pagando sus facturas, haciendo su propia compra en el supermercado de la esquina y dejando las residencias del Estado únicamente para actos solemnes. En esa misma línea, ministros y primeros ministros en Países Bajos o Suecia se desplazan de forma cotidiana en bicicleta o transporte público y se abonan de su bolsillo la vivienda personal. José Mujica, presidente de Uruguay, rechazó la residencia presidencial y siguió viviendo en su granja (y conducía un escarabajo de los 80). Yamandú Orsi, sucesor de Mujica, también rechazó la residencia oficial y sigue viviendo de manera modesta con su familia.
Ese contraste dibuja dos visiones de la función pública. Por un lado, la tradición mediterránea, propensa a rodear al gobernante de un boato cortesano que confunde la dignidad del cargo con el privilegio personal; por otro, la modernidad y el pragmatismo, donde el político es un ciudadano temporalmente contratado para administrar lo común, cuya vida cotidiana no tiene por qué ser costeada por el contribuyente. ¿Qué os resulta más limpio, justo e inspirador?