El pucherazo censal: cambiar al pueblo porque no te vota

Nos encontramos ante una realidad especialmente incómoda, precisamente porque esta es clara. Porque una cosa es gobernar conforme a las reglas y otra, radicalmente distinta y peligrosa, es cambiar el árbitro, el campo y a los jugadores para asegurarse la victoria permanente. Y ante esta situación, la ética obliga a tomar postura. Sin olvidar que tomar postura en la España de hoy tiene un coste social que mucha gente prefiere no pagar.

Sin rodeos: cuando un gobierno acelera regularizaciones masivas por decreto, cuando esquiva el debate parlamentario y cubre todo con el barniz de la compasión, ya no estamos hablando de política migratoria. Estamos hablando de manipulación censal, de ingeniería demográfica, de alterar, con frialdad calculada, la composición del cuerpo electoral. Fabricando así, poco a poco, un pueblo más manejable y más adaptable al poder actual.

Esto suena fuerte, pero lo suave ya se ha dicho demasiado.

El ciudadano no es un dato en una tabla ni un voto en potencia. Es una persona con historia, con lealtades, con obligaciones y con derechos que nadie le concedió por decreto. Y el demos sobre el que descansa una democracia no es arcilla. No puede serlo. En el momento en que un partido empieza a moldear el electorado en lugar de convencerlo, la democracia se convierte en un juego al servicio del poder, en una escenografía que mantiene las formas mientras vacía el fondo.

España necesita inmigración, eso no lo discuto. Necesita trabajadores, necesita gente que venga a construir. Pero necesita una inmigración que sea el resultado de una política pensada: ordenada, con integración real como condición y no como promesa vaga. Lo que no necesita es una oleada acelerada cuyo fin sea compensar el fracaso de un gobierno que ya no sabe cómo convencer a los de siempre: «Los españoles no me votan, voy a crear nuevos españoles».

Se utiliza a las personas, a las que llegan y a las que ya estaban, como piezas en un tablero político. A los recién llegados se les ofrece papeles y derechos antes de que hayan tenido tiempo de entender qué significa pertenecer a este país. A los que ya estaban se les dice que quien protesta es un reaccionario, un xenófobo, alguien que no entiende los tiempos. De ese modo, el debate queda cerrado antes de abrirse. La compasión se utiliza como coartada del poder.

La nacionalidad no es un trámite ni un negocio para favorecer al que legisla. Es la formalización de una pertenencia. Implica idioma, cultura, compromiso, historia compartida, lealtades que van más allá del interés del gobierno de turno. Convertirla en un incentivo acelerado para engordar un padrón electoral no solo es degradarla, es utilizarla como instrumento de destrucción de la democracia, como medio de mantenerse en el poder quien ya no cuenta con la confianza del pueblo.

No podemos permitir que la retórica humanitaria funcione como pantalla para algo bastante menos noble. Una nación tiene derecho a decidir sus fronteras y sus condiciones de entrada. Negarle ese derecho no es progresismo. Es negarle la soberanía. Es decirle al pueblo que no es suficientemente listo para gestionar su propio futuro y que el voto, lejos de representar el sentir popular, es solo una moneda de cambio y manipulación del que en ese momento ostenta el poder, en función de su propio beneficio.

Cuando el gobierno deja de gobernar al pueblo y empieza a construirlo, la legitimidad se rompe. No se estira: se rompe. Y ninguna Constitución, por bien redactada que esté, sobrevive a un poder que decide qué pueblo merece gobernarse a sí mismo.

Lo que hace falta no es más sentimentalismo, sino más honestidad. Una política migratoria que exija integración en lugar de limitarse a conceder papeles. Que defienda la cohesión cultural como algo valioso, no como un prejuicio a superar. Una política migratoria que respete al ciudadano, al de toda la vida y al recién llegado, como fin en sí mismo y no como medio para ganar elecciones.

La alternativa es seguir fingiendo que nada pasa mientras otros deciden, con decretos, en silencio y con prisa, quiénes seremos dentro de veinte años.

Esa elección todavía es nuestra. Pero no por mucho tiempo.