Policías seguros, ciudadanos con derechos (I)

En la Policía Armada, cuerpo militar proveniente de la dictadura, un grupo de policías creó en 1977 un sindicato clandestino. En 1978 cambió su nombre a Policía Nacional, su uniforme del gris al marrón y seguía siendo un cuerpo militar cuando ingresé, en 1980. Milité en ese sindicato desde 1982 (legalizado en 1984) hasta 2016. Queríamos cambiar de policía militar a civil, de soldados sin derechos a policías con ellos, y con el lema Policía civil al servicio del pueblo manifestamos nuestro compromiso con la democracia. Exigimos también que los agentes dejaran de ser camareros, albañiles, barrenderos… y trabajaran como policías.

Queríamos una policía civil homologable con policías democráticas de nuestro entorno. Abrazamos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por la ONU; la Resolución 690 sobre la Policía del Consejo de Europa de 1979, y la Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobando el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Después añadimos algunos principios básicos de actuación de la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pautas de conducta de obligado cumplimiento en policías democráticas europeas que fueron aprobadas por partidos de izquierda y derecha: socialdemócratas, eurocomunistas, de centro, conservadores, liberales, democristianos… En España, por la herencia de la dictadura, la ignorancia y la deficiente formación a los policías, defenderlas no te convertía en policía demócrata sino en policía “rojo”, socialista.

La policía en España siguió una ruta distinta a los países de nuestro entorno. Cuando se preparaban planes formativos para que los procedimientos policiales respetaran los derechos civiles de la ciudadanía, como es obligado en democracia, llegó Corcuera y mandó parar. Los policías no tenían que saber mucho, sino obedecer ciegamente las órdenes de los mandos. Mantuvo a los policías como soldados y así siguen hoy. Obediencia ciega al mando, máxima injerencia sobre las personas ordenando identificaciones, interrogatorios y cacheos en la calle para sus inútiles estadísticas, provocando millones de identificaciones anuales sin razón justificativa y por ello ilegales, contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. “Hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos”, dijeron políticos, mandos y policías haciendo de Romanones.

Que los ciudadanos en democracia tienen derechos que deben ser escrupulosamente respetados no se estudia en las academias policiales españolas, sean estatales, autonómicas o locales. La formación policial enseña que el principio de autoridad anula cualquier derecho civil de cualquier ciudadano, mientras el de veracidad concede patente de corso a malos profesionales para sancionar a cualquiera abusando de su autoridad “por mis… galones”. No es un asunto ideológico de izquierdas o derechas, es una cuestión de modelo de sociedad y de policía, de democracia y ciudadanos con derechos o súbditos y vasallos sin ellos. Ningún policía en una democracia europea puede parar en la calle, identificar y cachear a un ciudadano por capricho, sin razón objetiva y razonada para hacerlo… salvo en España. ¡Spain is different!

En democracia, las injerencias policiales en la vida de la gente deben ser mínimas, las imprescindibles; cuando se cometa un delito, infracción o a requerimiento de ayuda de una persona, porque si se produce por iniciativa policial se vulneran derechos civiles. Si un policía te identifica, interroga, cachea sin explicarte de qué resultas sospechoso, no vives en una democracia de ciudadanos libres con derechos. Si puedes organizar una manifestación violenta, o cortar las calles durante días sin que la policía actúe (Cataluña), tampoco vives en una democracia con estado de derecho. ¿Ocurren estas cosas habitualmente en España? Entonces…