Pedro Sánchez y el delito de lesa patria

Es difícil de aceptar que, en aras de la pluralidad demócrática, los herederos políticos de una banda de asesinos y quienes subviertieron el orden constitucional promoviendo un golpe de Estado puedan tener cabida en un órgano parlamentario como es la Comisión de Secretos Oficiales, por donde pasa toda la información clasificada del Centro Nacional de Inteligencia. No hay que ser muy sagaz para concluir que la decisión de Pedro Sánchez de permitir que Bildu, ERC y la CUP tengan acceso a material especialmente sensible para la seguridad del Estado revela la indignidad de un presidente de Gobierno al que el viejo delito de lesa patria le encajaría perfectamente en las actuales circunstancias . Más de la mitad de los integrantes de dicha comisión están en contra del pacto constitucional  y participan de la misma estrategia de debilitamiento institucional orientada a quebrar el régimen del 78.

Sánchez ha entregado el Estado a los enemigos declarados de la España constitucional y lo ha hecho escalando aún más en su indignidad moral. Su obsesión por el poder no tiene límites y es de una gravedad insufrible, porque ha debilitado de forma consciente a la democracia española por la vía de otorgar un protagonismo temerario a quienes no les mueve otro afán que destruirla. La traición no tiene precedentes y lo peor es que no hay más forma democrática de hacerla frente que a través de las urnas, ante la ausencia de mecanismos constitucionales, al margen de las mayorías parlamentarias, que impidan que un jefe de Gobierno atente de manera tan flagrante contra el interés nacional.

Lo ocurrido es fruto del chantaje de los enemigos de la democracia española, pero los responsables no son los golpistas ni los proetarras de Bildu, sino Pedro Pedro Sánchez. Es a él a quien hay que pedirle cuentas y juzgar en las urnas con toda severidad. Habrá que esperar la hora en que España y los españoles utilicen su voto en legítima defensa de una democracia maltrecha.