Otra chapuza de Montero que beneficia a los maltratadores
En su día fue la llamada ley del sólo sí es sí, un coladero que permitió la rebaja de penas o puesta en libertad de agresores sexuales, un escándalo político que pasará a los anales de las chapuzas legislativas, y ahora ha sido un cambio en el proveedor del Ministerio de Igualdad del sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento.
El fallo ha generado un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores. Desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede facilitar información anterior a esa fecha, lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.
O sea, de nuevo el Ministerio de Igualdad deja indefensas a las mujeres, pues el problema técnico afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior se encuentre cifrada y no se haya traspasado a las nuevas bases de datos.
Trabajadoras del centro Cometa han denunciado múltiples fallos técnicos que comprometen la seguridad de las víctimas, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas o días hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS. Y es que los actuales dispositivos presentan una calidad deficiente que permite a los maltratadores quitarse las pulseras y falsear su ubicación. La situación se agrava por la falta de personal en los equipos de campo y los errores constantes que provocan que las víctimas reciban avisos falsos de proximidad de sus agresores.
Las consecuencias ya se han hecho notar: hay víctimas que han perdido juicios por informes incorrectos sobre posicionamientos y hay mujeres que prefieren apagar voluntariamente sus dispositivos ante los errores. El propio Centro de Control Cometa viene trasladando a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.
La situación ha llevado a que se produzcan sentencias absolutorias en casos donde la prueba de quebrantamiento dependa de datos anteriores a marzo de 2024. En definitiva, otra chapuza más, esta vez técnica, con el mismo resultado. Con Sánchez siempre ganan los malos.
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