No vamos a saber quiénes son, ni quiénes eran, ni de dónde vienen

Los inmigrantes que se acojan al proceso de regularización del Gobierno podrán, en virtud de la Ley Trans, cambiar de nombre y sexo con los únicos requisitos de ser mayores de 16 años y solicitarlo ante el Registro Civil.

Dado que la norma amplía el derecho a las personas extranjeras a solicitar la «rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental», cualquiera del millón de personas que se estima se acogerá a la medida podrá cambiar de identidad, lo que, por razones obvias -como estamos hablando de personas que regularizarán su situación con una mera declaración responsable en la que aseguren no tener tener antecedentes penales-, complicará en grado máximo cualquier tipo de investigación policial destinada a averiguar si los demandantes tienen un pasado delictivo.

El Gobierno revisará si, efectivamente, «existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral» en el país de origen y lo comunicará en un mes, pero es muy posible que dada la procedencia de los inmigrantes haya muchos países que no respondan a la solicitud planteada por España.

Resulta indudable que si un inmigrante tras regularizarse cambia de sexo, las dificultades para rastrear su pasado se multiplican todavía más. La realidad es que el propio Gobierno viene realizando estos cambios registrales sin que haya entrado en vigor ningún reglamento: «En lo que se refiere al cambio de nombre y sexo», indica en su escrito el Ejecutivo, «se ha venido realizando, adecuándolo a la rectificación registral correspondiente del país de origen y conforme con el documento de identidad expedido por dicho país, sin que haya sido necesario desarrollo reglamentario del mismo».

Eso, si el país colabora, porque muy probablemente en muchas de las naciones de origen de los inmigrantes no exista rectificación registral. En definitiva, que se nos viene encima un problema descomunal, porque la regularización, tramitada de este modo, es una bomba de relojería social y caldo de cultivo para la delincuencia.