Montero es una analfabeta legislando, pero el culpable es Sánchez

Durante semanas, Moncloa ha ocultado los informes que alertaban sobre la rebaja de penas en la ley del ‘sólo sí es sí’ en un intento de zafarse de las críticas a una norma que se ha convertido en la mayor aliada de los agresores sexuales. OKDIARIO publica hoy los informes que advertían de las perversas consecuencias de la ley. Lo insólito es que, conscientes de que muchos violadores verían rebajadas sus condenas o saldrían directamente de prisión, el Ejecutivo decidió seguir adelante con la norma. En suma, ya no estamos delante de un error de gravísimas consecuencias, sino de una decisión expresa de no enmendar la norma pese a conocer que beneficiaría penalmente a un número significativo de agresores sexuales.

O sea, Pedro Sánchez dio el visto bueno a la polémica ley del Ministerio de Igualdad, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, pese a ser plenamente consciente de sus demoledores efectos. El Gobierno ha ocultado este informe, junto a otros remitidos por los distintos ministerios y comunidades autónomas, instituciones y organizaciones, impidiendo incluso su acceso al Congreso de los Diputados. Sin embargo este periódico está en condiciones de ofrecer a sus lectores las pruebas que demuestran que Pedro Sánchez sabía lo que iba a o ocurrir, pero no hizo nada.

Moncloa, tras analizar la ley, concluyó que «con la reforma operada» en el anteproyecto «se aplican al nuevo tipo único de agresión sexual, cuando es calificado como violación, las penas actualmente previstas, no para la agresión sexual (prisión de 6 a 12 años) sino para el abuso sexual (4 a 10 años) y las penas previstas para los tipos agravados por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 180 quedan sustancialmente reducidas al pasar de prisión de 5 a 10 años en el caso del tipo básico, a prisión de 2 a 6 años, y de 12 a 15 para la violación agravada, a 7 a 12 años en la nueva regulación». Obsérvese la consideración de que se advierte de que habrá penas que queden sustancialmente reducidas. Esto es, Pedro Sánchez sabía lo que iba a suceder.

En el informe de Presidencia se avisa a Irene Montero de que «con ello, pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

Y una frase demoledora: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual». Juzgue el lector. Parece evidente que no hubo error, sino voluntad expresa de que la ley siguiera adelante pese a a beneficiar a centenares de agresores sexuales.