Lo del fiscal general y su número 2 es de república bananera

Ante la más que probable imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras difundir datos confidenciales sobre la situación fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, será la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, quien firmará el escrito de la Fiscalía sobre las querellas que tiene pendientes su jefe en el Alto Tribunal. Es decir, que será quien defienda a su superior jerárquico, algo insólito y que revela hasta qué punto el grado degradación de la Fiscalía del Estado ha alcanzado cotas insuperables. Más aún si se tiene en cuenta que María Ángeles Sánchez Conde ya apartó a la fiscal que se ocupaba inicialmente del caso. Se trataba de María de la O Silva y era partidaria de admitir la querella del novio de Ayuso. La fiscal consideraba que procedía hacer al menos unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración, pero la número 2 de Álvaro García Ortiz se opuso y María de la O Silva impugnó la orden de su superior durante la Junta de Fiscales de Sala celebrada el pasado 23 de abril. La pregunta es obvia: ¿Ángeles Sánchez Conde se moverá por el principio de legalidad o por el principio, inamovible en ella, de servir a los intereses de su jefe? La respuesta -no hace falta ser un lince- también es obvia. En cualquier caso, la situación es propia de una república bananera

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ultima estos días su decisión de admitir a trámite la exposición razonada que elevó el pasado mes de julio el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena sobre Álvaro García Ortiz. Recuérdese que el juez entendía que pudo incurrir en un posible delito de revelación de secretos tras difundir datos confidenciales, de modo que si el alto tribunal sustenta esta tesis sería la primera vez que un fiscal general del Estado sería investigado, una situación que en cualquier país democrático del mundo obligaría a su renuncia o destitución inmediata. Aquí es distinto, porque el fiscal general ya ha anunciado que no dejará el cargo y Pedro Sánchez, tanto monta, monta tanto, también ha dejado claro que no procederá a su relevo. Al fin y al cabo, si le condenan siempre quedará el Tribunal Constitucional o el indulto.