Legislatura despejada con España en grave crisis
Se cumplen ahora ocho meses de la investidura de Sánchez con el más exiguo apoyo de todos los gobiernos constituidos en las catorce legislaturas de la Constitución. Con 167 diputados a favor y 165 en contra, la tarea no se adivinaba fácil, pero la irrupción del coronavirus y la declaración del estado de alarma durante catorce semanas, le han permitido gobernar con la mayor concentración de poder en sus manos que ningún otro gobierno haya tenido hasta el momento. Eso, además, con el poder legislativo, el poder judicial y el TC en práctico confinamiento.
Todo ello, unido a la aparición de los posteriores rebrotes, está haciendo aparentar a Sánchez disponer de una mayoría de la que carece en realidad, y que si en su composición al comienzo ya era escasa y contradictoria, ahora aparece desgastada por su deficiente gestión y por la caída libre de Podemos en intención de voto, acreditada en todas las encuestas y en las urnas gallegas y vascas.
En este escaso período transcurrido —aunque a no pocos españoles les parezca una eternidad—, la formación de Pablo Iglesias ha pasado de tener el Gobierno en su mano con sus 35 diputados, a ser un mero apéndice de Sánchez, ya que Podemos necesita permanecer en el Consejo de Ministros como del aire para sobrevivir. Si el anunciado «asalto al cielo» de Iglesias se produjo en un tiempo increíblemente reducido desde su aparición en la escena política española, su permanencia en él puede ser igualmente efímera.
Y es que en escasos ocho meses, los comunistas, más que «asaltar el cielo», han aterrizado bruscamente en la realidad, y han comprobado que los mítines lo aguantan todo pero no bastan para cambiar el mundo, al menos para mejor. Son tan evidentes las contradicciones políticas y personales entre las promesas realizadas desde las barricadas del 15-M y los sillones del Consejo, que no necesitan de más comentarios.
Pese a ello, el resto de la legislatura aparece despejada para los intereses de Sánchez. Con Podemos domesticado cual felino de compañía, tiene asegurada una mayoría suficiente para gobernar apoyado en el PNV tras su pacto para el Gobierno vasco, y en un Cs abocado a la extinción siguiendo la estela marcada por Rivera tras su abandono de la política.
El caso de Cs es, sin duda, particularmente doloroso. En diciembre de 2017 obtuvo una parte muy importante del voto constitucionalista en Cataluña, consiguiendo un histórico triunfo con Arrimadas al frente, que se ha desvanecido como un fugaz cometa, dejando dispersos y desmoralizados a los más de 1,1 millones de votantes que confiaron en ella como un valladar frente al separatismo, y que ahora la ven apoyando a Sánchez.
En las próximas elecciones catalanas —cuando a Puigdemont le convenga— el desplome centrista será análogo al vivido en Galicia y el Pais Vasco. Esa es la razón por la que lanza ofertas de coalición a diestro y siniestro, con el objeto de diluir la segura caída. En la circunscripción de Barcelona, con 85 diputados, la ley electoral opera de forma totalmente proporcional, por lo que no tiene sentido una coalición electoral, que quizá pueda ser útil en Lérida y Gerona.
Así que conviene ir mentalizándose —que no resignándose— de que, en efecto, tenemos a Sánchez e Iglesias junto a Arrimadas para rato. El Gobierno, con la economía subvencionada con los Fondos para la Recuperación y tutelada por Bruselas, necesitará de Carmen Calvo, que se dedicará a distraer al personal contentando a los podemitas con dosis de ideología radical en forma de «memoria democrática», y así «recuperar la dignidad perdida por los españoles» hasta que llegaron ellos al mando. Con el «Ministerio de la verdad» dotado de bancos de ADN, sanciones y una fiscalía de Sala ad hoc en el TS, a fin de vigilar que nadie utilice mal el derecho a pensar, opinar y escribir acerca de nuestra Historia: la libertad de cátedra, de expresión y de opinión ante la fiscalía de nuestra memoria. Y con Cs de sostén de un Gobierno conquistador del pasado de las dos Españas —azul y roja—, que va a helarnos el corazón.
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