Los ¿involuntarios? aliados del yihadismo: la CUP

La Candidatura de Unidad Popular (CUP) se ha convertido en un problema para Cataluña y, por extensión, para toda España. Los postulados antisistema de sus dirigentes no sólo son gasolina en el fuego secesionista, además dificultan hasta el extremo la labor de los Mossos en la lucha antiterrorista. Hasta ahora, Anna Gabriel y sus compañeros se habían erigido con sus acciones en los pirómanos políticos del referéndum ilegal —hasta el punto de poner contra las cuerdas al mismísimo Puigdemont y de situar la viabilidad de la región en el filo del precipicio económico y político—. Ahora, además, juegan con fuego al frivolizar con la lacra del terrorismo yihadista. Tres semanas antes de que el atropello masivo en La Rambla de Barcelona dejara 15 muertos y un centenar de heridos, la CUP había pedido la derogación del Protocolo de Radicalización Islámica en los centros educativos de la comunidad. 

Una irresponsabilidad supina si tenemos en cuenta que Cataluña es uno de los principales focos del yihadismo radical en Europa y que, como hemos podido comprobar en los últimos atentados, la captación de potenciales terroristas cada día se centra con más intensidad en personas de menor edad, casi adolescentes perfectamente integrados —en teoría— en el modo de vida occidental. Por si fuera poco, los líderes de la CUP también habían acordado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, eliminar la Unidad de Soporte Policial (USP). Gracias a estos agentes, la tragedia no ha golpeado con más fuerza tanto en Barcelona como en Cambrils. 

Colau tampoco lo está poniendo fácil, en algunos momentos sus actos la sitúan tan cerca del movimiento antisistema como cualquier militante de la CUP. De hecho, la primera edil de la capital catalana dio lugar por sus constantes negligencias a que los Mossos le tuvieran que pedir que frenara la actividad de los pisos okupados —que tantos problemas generan en los barrios— debido al «peligro que entrañan para la seguridad». Colau olvida con preocupante asiduidad que su puesto ha de velar por los intereses de todos los ciudadanos y no sólo de aquéllos que la han votado. Por ahora, su connivencia con los radicales supone un auténtico peligro. Está apoyando a los mismos que acusan a Felipe VI de «financiar el terrorismo islamista». Una barbaridad que define, sin necesidad de más palabras, la catadura de unos representantes que condicionan el futuro de Cataluña.