La Fiscalía también pega patadas

Lo ocurrido pone de manifiesto quién manda en la Fiscalía: el Gobierno. La recusación por parte del Ministerio Público de la jueza encargada del caso de la presunta patada de Íñigo Errejón a un jubilado enfermo de cáncer demuestra que la defensa de la legalidad que debería guiar la acción de la Fiscalía ha sucumbido ante los intereses políticos. Lo acontecido es gravísimo, porque ya hace meses la Fiscalía se abstuvo ante la petición de Errejón de recusar  a la jueza Margarita Valcarce. ¿Por qué si entonces se puso de canto hoy -en un hecho insólito- da un paso al frente y se erige en defensor del diputado de Más País?  ¿La fiscal que solicitó la recusación de la juez conoce la doctrina de la Fiscalía General en relación con los delitos leves? Si la ignora, OKDIARIO se la muestra: «Los Sres. Fiscales se abstendrán de intervenir en el enjuiciamiento de los siguientes delitos leves semipúblicos: Lesiones por imprudencia menos grave del art. 152.2 CP en relación con el art. 150 CP. Maltrato de obra del art. 147.3 CP, cuando la víctima no sea persona vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Amenazas y coacciones leves de los arts. 171.7, 1 y 172.3, 1 CP. Injurias leves en el ámbito doméstico del art. 173.4 CP. Daños por imprudencia grave del art. 267 CP».

Es decir, que la fiscal no debería haber recusado a la juez porque ni siquiera tendría que haber estado presente en la vista. Parece difícil de creer que la fiscal decidiera no seguir las instrucciones del Ministerio Público por voluntad propia. Todo apunta a que ha sido conminada a contravenir una orden que todos los fiscales cumplen. «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso». El escándalo es mayúsculo. Y terrible la sensación de que el organismo encargado de velar por la defensa de la legalidad es una marioneta en manos de un Ejecutivo que hace y deshace a su antojo.

Tras la presunta patada de Errejón a un jubilado con cáncer, la Fiscalía le ha pegado una patada en toda regla a la Justicia