Feijóo debe hacer lo contrario que Rajoy: cambiar la historia

La era Rajoy se caracterizó por una sobresaliente gestión económica. Siempre tendremos una deuda pendiente con el santiagués: tomó un país en default, no se declaró la quiebra técnica porque España era demasiado grande para caer y el euro se hubiera ido al carajo, y nos devolvió otro que crecía sostenidamente al 3% anual tras haber creado 2 millones de puestos de trabajo gracias a ese milagro de Fátima Báñez que fue la reforma laboral. En realidad no sé si el milagro era la reforma o la reformadora, pero bueno. La memoria es frágil pero no está de más recordar de tanto en cuando que en 2012 vivimos permanentemente en el abismo con un rescate parcial, recortes por doquier, la prima de riesgo próxima a los 650 puntos básicos y 6 millones de españoles sin trabajo. Las consecuencias de la negligente política económica de José Luis Rodríguez Zapatero, que se dedicó a derrochar como si no hubiera un mañana y mandó al averno del paro a 3 millones largos de conciudadanos. Recemos todo lo rezable, en cualquier caso, para que este 2022 no sea el preludio de una tormenta perfecta similar o peor con altas dosis de paro y una inflación permanente de dos dígitos que nos conduciría a ese infierno económico que es la estanflación.

Mariano Rajoy optó por centrarse en la economía y olvidarse de los principios esenciales que hicieron grande, transversal, confiable y, por ende, muy votable al Partido Popular. A saber: rebajas de impuestos, fomento de la iniciativa privada y el libre mercado, combate sin tapujos al terrorismo y a los terroristas, defensa de la España constitucional y rescate de los principios morales esenciales. El primer apartado quedó hecho añicos en su primer Consejo de Ministros, celebrado en la Navidad de 2011, cuando disparó el IRPF por encima incluso de lo que prometía el candidato de IU, Cayo Lara, en su programa electoral. El tipo marginal máximo subió siete puntos y el mínimo 0,75.

En 2012 vivimos permanentemente en el abismo por las consecuencias de la negligente política económica de José Luis Rodríguez Zapatero

Contraviniendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que le indicó que debía subir el IRPF o el IVA, el segundo presidente popular optó por cambiar la conjunción: suprimió la o y coló una y. Resultado: metió un meneo de tres pares de narices a los bolsillos de los españoles con un estiramiento del Impuesto del Valor Añadido del 18% al 21%. Una salvajada que nadie revirtió después. No está de más recordar que el IVA estuvo en el 16% desde 1995 hasta 2010. Vamos, que la vida lleva saliéndonos cinco puntos más cara una década. Ahí es donde nos meten el cuerno de verdad nuestros mandamases: en una figura impositiva que no es progresiva porque tanto cotiza Amancio Ortega como un pobre de solemnidad que está de rodillas pidiendo en la calle.

Es menester recordar que Rajoy también se pegó un tiro en el pie con la excarcelación de uno de los secuestradores de Ortega Lara. Ordenó la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga en agosto de 2012 porque padecía un “cáncer terminal” y le quedaban “escasas semanas de vida” y el pájaro, al que Satanás tenga en su gloria, vivió tres años más. Un regalito a ETA que la mayoría natural de este país no le perdonó jamás. La economía de libre mercado también se vio acorralada por un Ministerio de Industria y Energía que, en lugar de ayudar a las empresas, se dedicó a hacerles la puñeta en la etapa capitaneada por Álvaro Nadal. Por no hablar del terrorismo fiscal que desplegó Cristóbal Montoro haciendo inspecciones fiscales a todo aquél que consideraba enemigo de la causa. A mí me hicieron cuatro paralelas en 2013 tras haber destapado los sobresueldos de Génova 13, la financiación en B y los sms del “Luis, hacemos lo que podemos” que el presidente envió a Bárcenas. Me exigían 27.000 euros y tuve que abonar 700 porque se habían equivocado en 26.300. Hablo de mí como podría hacerlo de los que el histriónico ministro de Hacienda se vengó por motivaciones políticas.

Me da que Núñez Feijóo tiene meridianamente claro que una de sus obligaciones cuando sea presidente del Gobierno es cambiar la historia

Alberto Núñez Feijóo que, si el diablo no lo remedia, será el próximo presidente del Gobierno sorprendió muy gratamente en el pueblo vizcaíno de Miguel Ángel Blanco el pasado fin de semana al anunciar que derogará la Ley de (Des) Memoria Democrática que Pedro Sánchez ha aprobado en un tikitaka repugnante con los asesinos del concejal de Ermua. Me da que el orensano tiene meridianamente claro que una de sus obligaciones es cambiar la historia. Empleando un pertinente símil futbolístico, revertir el achique de espacios que la izquierda lleva ejecutando cual termitas desde 1982 y que ha provocado que la derecha lleve eternamente encerrada en el área propia. Si a eso le añadimos la goleada mediática, en este terreno la izquierda gana 8-2 a la derecha, sólo cabe calificar de “milagro” que el PP arrase en Andalucía, en Madrid, que lo hiciera en 2011 con el propio Mariano Rajoy o que vuelva a repetir jugada en las próximas generales de la mano de Vox. El imaginario colectivo lo lleva fijando la izquierda 40 años a machamartillo. Se trata no sólo de cargarse todo el daño ético, moral, territorial, social e incluso económico que ha infligido Pedro Sánchez sino de hacer lo propio con el tóxico legado de Zapatero.

Una de las asignaturas pendientes, y nunca mejor dicho, es esa Educación que permite instruir, lo normal en una democracia de calidad, o adoctrinar, lo característico de una autocracia, una dictadura o una pseudodemocracia. Ya se sabe: el que controla la Educación, controla el futuro. Que se lo digan a los independentistas catalanes o a los nacionalistas vascos. Su hegemonía se basa en el lavado de cerebro de los niños. El botón de muestra que permite calibrar el disparate que vivimos en nuestro país lo certifica la legislación que ha regido en la materia desde 1980, cuando la UCD abolió la Ley General de Educación franquista. Las normas del PP han estado vigentes nueve de esos 42 años, lo cual viene a demostrar que en Génova 13 son unas almas cándidas.

LEY CELAÁ.- Sólo un epígrafe justificaría que Alberto Núñez Feijóo mandara a tomar viento esta normativa: aquél que elimina el español como lengua vehicular en los colegios de Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares. La enésima cesión a los golpistas catalanes y a los etarras. Otro motivo es la asfixia económica a la que somete a esa enseñanza concertada que Felipe González defendió con tanta estrategia política, esa transversalidad que le permitió estar en Moncloa 13 años y medio, como justicia social. El tercer argumento para tirar a la papelera la Ley de la multimillonaria ex ministra vasca es la supresión de los centros de Educación Especial, que deja desamparados a los niños con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades. El cuarto es tan importante o más que los anteriores, ya que sacraliza la cultura de la mediocridad y sepulta la de la excelencia al permitir pasar de curso con un número indeterminado de suspensos en Secundaria. En fin, el paraíso de los adolescentes vagos enchufados.

LEY DE (DES) MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Una norma que señala que la Transición de la dictadura a la democracia no se produjo hasta “el 31 de diciembre de 1983”, precisando que en ese periodo se “vulneraban los derechos humanos”, hay que mandarla al contenedor ipso facto. De su lectura se sobreentiende que Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y ¡¡¡Felipe González!!! se desempeñaron como peligrosos franquistas cuando, obviamente, fueron ellos los que jubilaron la dictadura y trajeron elecciones libres, libertad de expresión, reunión, manifestación y multipartidismo. Especialmente, un Adolfo Suárez que se jugó el tipo cada uno de los 55 meses que estuvo al frente de la Presidencia del Gobierno. Otra bajeza moral de esta ley es que establece víctimas de primera y segunda: de primera las del franquismo, tendrán tal condición los descendientes hasta el cuarto grado, y de segunda, las de ETA, que se tendrán que conformar con disfrutar de esta catalogación hasta el segundo. Igualmente repugnante resulta que establezca como dogma de fe el hecho de que la Guerra Civil fue una contienda de buenos contra malos cuando resulta perogrullesco que allí no había más que malísimos en un bando y en el otro. Lo normal cuando ejerces el fratricidio.

LEY TRANS.- Otra prueba de fuego para Alberto Núñez Feijóo. El mero hecho de que lleve la firma de la indocumentada de Irena Montera obligaría a derogarla sin necesidad siquiera de leerla. Pero si le hincamos el diente vemos, entre otras múltiples barbaridades, que permite el cambio de sexo desde los 12 años en el Registro Civil, desde los 14 en un quirófano sin informes médicos y a partir de los 16 sin autorización de los padres. Infinidad de asociaciones feministas la catalogan de “misógina” y de “retroceso”. Aunque no la ha aprobado el Parlamento no tengan ninguna duda de que verá la luz más pronto que tarde, toda vez que Pedro Sánchez depende de los votos de Podemos para seguir viajando en Falcon.

LEY DE VIVIENDA.- Con subrayar que permite topar el precio de los alquileres, reventando de facto el libre mercado, y que fomenta un recargo de hasta el 150% del IBI de los pisos que estén vacíos más de dos años basta para entender por qué es necesario abolirla. Lo siguiente, no se engañen, será facilitar las expropiaciones modelo Hugo Chávez.

REFORMA LABORAL.- No hace falta que ahonde demasiado en la cuestión, entre otras razones, porque la original, no la copia, permitió la creación de 2 millones largos de puestos de trabajo. Que no es ningún abuso ni ninguna limitación de los derechos de los trabajadores lo certifica el hecho de que tanto los gobiernos socialistas de Portugal como Francia la tomaron como ejemplo a la hora de legislar en la materia. Cierto es que la de Yolanda Díaz no ha tocado el quid de la cuestión, el coste del despido, pero no lo es menos que lo que funciona no se toca. Y la de Fátima Báñez funcionó. Vaya si funcionó.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.- No la han anulado y eso que Pinocho Sánchez juró y perjuró que sería una de sus primeras medidas al llegar al Gobierno de España. Sea como fuere, la modificarán porque lo han exigido quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña y esa ETA que asesinó a 856 compatriotas, la mayoría de ellos policías y guardias civiles. Entre otras cosas, jubilará el principio de veracidad de los agentes de la autoridad que en cualquier país serio es moneda de uso corriente. También da vía libre a las manifestaciones sin permiso que tanto molan a los matones podemitas que, por ejemplo, se concentran para agredir a las personas que acuden a los mítines de Vox. E igualmente permitirá grabar, fotografiar y, en consecuencia, perseguir a policías, guardias civiles, ertzainas y mossos d’esquadra.

LEY DE DESPENALIZACIÓN DE PIQUETES VIOLENTOS.- Otra condición sine qua non de ERC y ETA que es ya una realidad tras la aprobación en abril de 2021 de una norma de artículo único, que consistió en dejar sin sanción penal efectiva la actuación coercitiva, mafiosa y pendenciera de muchos piquetes en las huelgas. La fuerza de la razón se cambia por la razón de la fuerza.

LEY DEL ‘SÓLO SÍ ES SÍ’.- Bajo el rebuscado título de “Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, Irena Montera insiste en su campaña de demonización del hombre al establecer que “cualquier acto sexual sin consentimiento expreso será agresión”. La lógica más elemental indica que el consentimiento tácito es el que rige cualquier relación sexual, no veo a nadie pidiendo un “sí” a la otra parte en pleno acto amatorio. Una barbaridad que abre la puerta a que una persona desaprensiva se intente vengar de su pareja. Su versión tendrá casi carácter de palabra de Dios.

LEY DEL ABORTO.- Si bien es rigurosamente cierto que Pedro Sánchez no ha aprobado ninguna legislación relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, no lo es menos que la de plazos que sacó adelante Zapatero destrozó el consenso existente entre PP y PSOE en torno a la de supuestos de Felipe González. Alberto Ruiz-Gallardón hizo el primer intento de anular la de plazos pero pagó con el cargo su intento de ser más restrictivo que la de 1985 eliminando la posibilidad de abortar cuando el feto padezca gravísimas malformaciones. Sea como fuere, volver al 85 es volver a la racionalidad.

De la misma manera es menester jubilar la reforma del Consejo General del Poder Judicial que aprobó el jueves el Congreso y que permitirá al Gobierno tomar al asalto el Constitucional. Otra aberración teniendo en cuenta que supone cambiar las reglas de juego en medio del partido. Un disparate nivel dios: un CGPJ con el mandato expirado no puede ni debe decidir el futuro de nada y menos aún del gran tribunal de garantías de nuestro país, fundamentalmente, porque está conformado por patos cojos. Tres cuartos de lo mismo hay que hacer con ese impuestazo con tufo comunistoide a bancos y energéticas que ha dejado KO el valor en bolsa de las empresas del sector y ha metido el miedo en el cuerpo a la inversión extranjera. La única ley que salvaría de la catarata de reformas del Gobierno menos votado de la democracia es la de la eutanasia. No es de recibo ni medio normal que haya seres humanos que estén obligados a vivir en condiciones físicamente nauseabundas que constituyen un auténtico infierno en vida, tanto para ellos como para sus seres queridos. Espero, confío y deseo que Alberto Núñez Feijóo tome nota de las exigencias de la Comisión Europea, que considera obligado que la Fiscalía General deje de depender del Gobierno de turno. Visto lo visto con Dolores Delgado, una necesidad perentoria. Es precisa una reforma constitucional, imposible sin el concurso positivo de tres cuartas partes de la Cámara Baja. Con un nuevo liderazgo en el PSOE no descarto que esta anomalía democrática pase a la historia.

Resumiendo que es gerundio: o Núñez Feijóo se pone las pilas para cambiar la historia o la izquierda seguirá conformando nuestras conciencias y limitando aún más si cabe esa sana alternancia que es la base fundamental de cualquier democracia. Y qué narices, normas dictadas por etarras, golpistas y sicarios de Nicolás Maduro hay que mandarlas al baúl de los tristes recuerdos en los 100 primeros días de Gobierno. Ése no es el gran reto de Feijóo sino de la democracia española en su conjunto. De lo contrario, la dictadura silenciosa de la izquierda continuará per sécula seculórum hasta que llegue el día en el que sin darnos cuenta esa tiranía no sea de facto sino de iure. Como el PP se duerma en los laureles, lo verán nuestros ojos.