¿Empeorará Diana Morant la crisis de las aulas vacías? La universidad como «experiencia cliente»

Hacemos más que «novillos». En las universidades españolas, el absentismo se ha convertido en un problema estructural. Gracias al blog «Causas y azares», leo que Atenea García y Laura Pujals comentan en El País un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona que dice que en algunas asignaturas la inasistencia alcanza el 40 %.

Más de la mitad de los estudiantes dice asistir «casi siempre», pero uno de cada cuatro reconoce ir sólo a la mitad de las clases. El fenómeno, agravado tras la pandemia, refleja un cambio cultural profundo: muchos ven la universidad como un trámite para obtener un título más que como un espacio de exigencia intelectual.

Este diagnóstico no es nuevo. Roy Baumeister y otros observadores del sistema estadounidense alertan de un mecanismo similar: los alumnos llegan con notas altas, pero con habilidades insuficientes. Ante esto, los profesores bajan el listón, simplifican exámenes y suben calificaciones para evitar conflictos.

Las encuestas de satisfacción del alumno, que influyen en la carrera docente, y la presión institucional por obtener altas tasas de graduación terminan convirtiendo al estudiante en «cliente» al que hay que complacer. En España operan incentivos parecidos.

Julian Estévez identifica cuatro mecanismos que se refuerzan mutuamente: el sesgo del docente que ajusta inconscientemente el nivel para mantener su proporción habitual de aprobados; evaluaciones subjetivas que facilitan la inflación de notas; reformas mal calibradas en el acceso a la universidad; y la presión administrativa y estudiantil contra los profesores estrictos.

En este contexto, el comentario de mi amigo Ramón Arcusa en X resulta especialmente gráfico: «Ja ja. Que los estudiantes les dirán a los profesores lo que tienen que enseñar. No me digáis que no es genial». La ironía apunta a una tendencia real. El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario impulsado por la ministra Diana Morant refuerza los derechos del alumnado, su participación en los órganos de gobierno y su capacidad para influir en la «construcción» de la universidad. El texto amplía la conciliación de estudios y trabajo, la inclusión y el peso de la voz estudiantil.

Lo que serían medidas razonables en algunos aspectos (transparencia, apoyo a estudiantes con dificultades), llegan en el peor momento posible. Al otorgar más poder al «cliente», el Estatuto puede agravar precisamente los incentivos que ya debilitan los estándares académicos.

Si la satisfacción estudiantil ya penaliza a los docentes exigentes, darles todavía más voz institucional facilita que exijan clases más cómodas, evaluaciones más laxas y menor presencialidad. Muy en sintonía con una idea izquierdista de la pedagogía que causa estragos. La universidad española arrastra además un problema de base: la inflación de notas en la educación secundaria y una Selectividad que, pese a los cambios, no siempre garantiza que los ingresados ​​dominen los conocimientos mínimos esperables.

El resultado es un círculo vicioso con estudiantes menos preparados, una exigencia más baja, unos títulos que valen menos en el mercado y toda la previsible frustración posterior.

¿Qué debería hacer un plan serio? Recuperar la autoridad académica del profesorado, protegerlo de presiones administrativas y estudiantiles, reforzar evaluaciones objetivas y externas, valorar los requisitos en secundaria y aceptar que una universidad de calidad no puede ser solo accesible y agradable.

También sería útil distinguir claramente entre la formación profesional y una educación superior rigurosa, en lugar de pretender que todo el mundo pase por la universidad con los mismos estándares diluidos. El enfoque actual prioriza el acceso, la inclusión y los derechos estudiantiles por encima de la excelencia. Una plaga que se extiende por nuestra parte del mundo.

Es coherente con una determinada visión ideológica, pero choca frontalmente con la crisis del indispensable rigor que describen los datos. Sin contrapesos fuertes como unas evaluaciones externas consistentes y unos incentivos que se compadezcan con el aprendizaje real y no con la satisfacción percibida, el Estatuto del Estudiantado puede terminar acelerando la transformación de la universidad en una, y perdonen, «experiencia de consumo blanda».

España no puede permitirse seguir sin la exigencia académica que fue una fortaleza en una época. En un mundo cada vez más competitivo, los títulos vacíos no generan ni prosperidad ni movilidad social. La auténtica defensa de la universidad pública pasa por exigir más, no por complacer más. De lo contrario, las aulas seguirán vaciándose, no solo de personas, sino también intelectualmente. Y este gobierno, representado aquí por Diana Morant, no va por buen camino.