Del golpe de Estado en Cataluña al golpe al Estado de Sánchez
El PP carga contra Sánchez por eliminar el delito de sedición para su «permanencia en la Moncloa»
El PSOE asume el «coste electoral» de eliminar la sedición ante el profundo malestar de sus barones
Con nocturnidad y alevosía, mintiendo como un bellaco, el presidente del Gobierno anunció en televisión que hoy mismo presentará una proposición de ley para reformar el delito de sedición y contentar así a los golpistas catalanes que subvirtieron el orden constitucional. El procedimiento elegido no es baladí y está orientado a saltarse los informes del Consejo de Estado y del CGPJ, lo que demuestra que el presidente está dispuesto a pasar por encima de las instituciones para consumar un plan que supone un golpe en toda regla a la piedra angular de nuestro Estado de Derecho.
Sánchez convierte el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados, como si lo ocurrido el 1-O hubiera sido una algarada callejera promovida por un grupo de mozalbetes a los que se les fue la mano. Basta con leer la sentencia del Tribunal Supremo para darse cuenta de que lo ocurrido en 2017 fue el detonante de un plan trazado de forma concienzuda para saltarse el ordenamiento jurídico, desafiando la unidad territorial del Estado. Para Sánchez, sin embargo, el golpe de Estado promovido por los separatistas catalanes fue una protesta callejera subida de tono, como si violentar la Constitución española fuera lo mismo que quemar contenedores. No hace falta ser muy sagaz para caer en la cuenta que estamos ante una retroalimentación infame de intereses entre unos golpistas y un jefe del Ejecutivo que recurre a un golpe institucional para servir a los intereses de un grupo de sediciosos.
El viejo delito de lesa patria encajaría como un guante en el comportamiento de Sánchez, un traidor sin matices que se ha servido de su cargo para dejar sin defensas al Estado frente al desafío de los separatistas. Porque si los sediciosos volvieran a hacer lo mismo, con la reforma de Sánchez el castigo penal sería irrisorio y desproporcionado en función del objetivo de romper la unidad de España. En suma, que entre golpistas anda el juego. De aquel golpe de Estado en octubre de 2017 al golpe de Sánchez en noviembre de 2022 hay alguna diferencia sustancial, claro está, pero a ambos les une un mismo objetivo: quebrar el marco constitucional y romper la unidad nacional
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