Comisión de Venecia

En España se producen prácticas policiales abusivas desde mediados de la década de los 90. Prácticas imposibles en democracias europeas por vulnerar derechos civiles de la ciudadanía, que es lo que diferencia las democracias de las dictaduras, en las que prima sobre los derechos de la ciudadanía el principio de autoridad de las fuerzas de Seguridad. La evolución de las prácticas policiales a parámetros democráticos de la década de los 80 desapareció con la ley Corcuera de 1992, ratificada y ampliada por la ley mordaza de 2015. En España hay cada año millones de identificaciones ilegales por injustificadas.

En el Consejo de Europa existe la Comisión de Venecia, conocida así por ser el lugar de sus reuniones trimestrales, nacida en 1990 tras la caída del Muro de Berlín cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia y por los Derechos, integrada por expertos constitucionalistas de varios países. Esta Comisión recibió en 2015 una solicitud del Consejo de Europa sobre la ley de seguridad ciudadana española, emitiendo dictamen el pasado 19 de marzo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional español de octubre de 2020. El dictamen es una enmienda a la totalidad en la política de seguridad ciudadana en nuestro país.

Recalcan en su informe la ausencia de normativas que regulen los controles y registros de personas en lugares públicos, y las sanciones administrativas tan elevadas que pueden ser tan lesivas como condenas penales, entre otras. Piden al parlamento español “…una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos y las libertades” que se revise regularmente para impedir abusos, y que forme a los policías con protocolos donde consten sentencias del Tribunal Constitucional español. Especialmente recalca el abuso que se puede producir con las identificaciones sin causa justificada.

Demanda al parlamento español que cambié la ley de seguridad ciudadana en orden a garantizar que no hay identificaciones masivas ilegales ni sanciones desproporcionadas, por ejemplo, las de 600.000 euros. Dice que los mandos deben garantizar que no hay abusos en identificaciones sin razón. Si supieran que aquí se hacen millones cada año por orden de los mandos entenderían la magnitud del problema. Secundando al SUP siendo yo secretario general, todos los sindicatos policiales denunciamos en 2009 la vulneración de derechos de las identificaciones masivas y las detenciones en locales de ocio donde se retiene a personas para identificarlas. Hoy los sindicatos apoyan esas prácticas ilegales.

En España, los policías trabajan para rellenar las estadísticas de los mandos de espaldas a la seguridad y los derechos de la ciudadanía. En países con policías democráticas, los mandos se encargan de que no se vulneren derechos de la ciudadanía con identificaciones ilegales, revisando las notas internas de actuaciones identificativas, que son injerencias sobre las libertades públicas de las que en España se hacen millones cada año. Mientras se producen las identificaciones con coches estáticos, crecen los delitos. Se vulnera el derecho a la libre circulación de un ciudadano, siendo el único país democrático donde el principio de autoridad es un bien jurídico superior a los derechos civiles. Una aberración imposible en democracia.

Ahora se puede entrar en domicilios sin mandato judicial y patear y golpear a una mujer detenida, como en Benidorm. Dicen que la mujer escupió, empujó y derribó a un policía. Procede detención si es así, pero sobran los palos y las patadas. Porque, si la policía aplica la venganza y el abuso contra los delincuentes, cada vez que detienen a un violador o asesino ¿qué habría qué hacer? ¿Qué no han entendido de lo que es ser policía?