El bono cultural: otro eslabón para prohibir la tauromaquia

La exclusión de la tauromaquia del llamado bono cultural joven, lejos de ser un suceso aislado en contra de los derechos de un colectivo y una actividad reconocida en todo el Estado como Patrimonio Cultural de los Españoles (Ley18/2013), forma parte de la estrategia de estrangulación económica del único sector cultural  que no cuenta con partida alguna en los PGE, abandonada a su suerte durante la Pandemia, y que tiene en los contratos públicos de arrendamiento de las plazas los costes más altos por el uso cultural de un recinto de propiedad pública: las distintas administraciones se quedan hasta con el 45% de la facturación, antes de impuestos.

La sentencia 177/2016 del Tribunal Constitucional que devolvió a Cataluña el derecho a celebrar festejos taurinos tras su prohibición ilegal por el parlamento de esta Comunidad Autónoma en 2010, hizo que la estrategia que los partidos separatistas, un gran sector del PSOE y, más tarde Podemos y Unidas Podemos, cambiara de rumbo. Conscientes de que prohibir un contenido cultural amparado por la Ley y por la Constitución en toda España era inviable, se trataba de acabar con el toreo a través de su estrangulación económica. Cero ayudas, altos impuestos, altos costes de arrendamiento de plazas de propiedad pública.

Para que el lector se haga un mapa visual, si a sectores como el del cine o el teatro se les eliminara de los Presupuestos Generales del Estado, se les cobrara un canon de arrendamiento alto en las salas públicas y no existiera la Ley del Cine, el cine español habría desaparecido. Justo lo que se desea para los toros desde este Gobierno, que aplica como estrategia una máxima hipócrita y, muy posiblemente prevaricadora. De una parte, admiten (no puede ser de otra forma) el contenido cultural del toreo. Así lo dice la ley y, en consecuencia, la Constitución, pero lo dejan fuera de toda ayuda, promoción, subvención o similar. Este sí, pero no, una dualidad de serpiente cainita, es una estrategia tan evidente como cristalina encaminada a la desaparición del toreo. Aún con sectores del PSOE reconociendo a la Tauromaquia, el talante de monarca absoluto de Pedro Sánchez les hace estar en silencio. Recordamos que el PSOE, en su visión política de los toros, mostró un apoyo claro al toreo en figuras como Tierno Galván, Enrique Múgica o, más a la izquierda, el icono de libertad que fue Semprún o el propio Marcelino Camacho. Estos últimos usaron la casa familiar de los “Dominguines” (toreros)  para esconderse de la policía en tiempos de Franco. Un día hablaremos del apoyo del toreo al cine, a la política y hasta al diario Mundo Obrero en esos tiempos, para tapar tanta post verdad de la nueva izquierda.

Esta especia de nepotismo nada ilustrado de Sánchez, es un mini nepotismo. Su poder absoluto no existe si no es en pacto con Unidas Podemos, deseosos de prohibir la tauromaquia. Por esta necesidad, el Gobierno de Sánchez trata de lavar su rostro democrático afirmando el contenido legal cultural de los toros, y, al mismo tiempo, cumplir las exigencias de sus socios prohibicionistas. Nada nuevo en el PSOE, que llegó dar libertad de voto a sus parlamentarios en Cataluña, cuando los nacionalistas lograr la votación sobre su prohibición. Nunca el PSOE, en este caso el PSC, había dado tal libertad, ni en cuestiones tan de conciencia como el aborto.

La cuestión es de una evidencia cristalina. En un estado democrático, la ley está para ser cumplida. Es los que nos hace objetivamente iguales. Tiene el toreo una joya jurídica, la citada Ley 18/2013 en la que se especifican las obligaciones de promoción, defensa, difusión y facilitación del acceso a la cultura de la tauromaquia por parte de las Administraciones Públicas. La propia ley se apoya en el Texto Constitucional. ¿Se cumple esa ley? Es evidente que no. ¿se puede acudir a los Tribunales para se cumpla? Absolutamente sí. Es una obligación en democracia pues podemos estar ante un delito de prevaricación lineal o de un delito de prevaricación por omisión.

El sector taurino, la clase política incluida el PP y hasta VOX, no entienden bien el asunto. Se particulariza, en una especie de referéndum inacabado en el tiempo, sobre la idea moral o ética de toros sí o toros no. Un error. De trata de ley si o de ley no. De Constitución sí o de Constitución no. Se trata de derechos y libertades fundamentales del ciudadano en un sistema democrático y de derecho en donde la ley no es la moral, donde la norma matiza y manda sobre cualquier estimación ética o de gustos. Mientras se caiga en la trampa de moral sibilina de toros sí o toros no, jamás se llagará al debate de Ley si o Ley no. Constitución sí o Constitución no. Y este es, de fondo, el caso de la exclusión del llamado “bono cultural joven”.

Tiene en sus manos el ministro de Cultura, señor Iceta, y su presidente Pedro Sánchez, un estudio económico y social sobre la Tauromaquia de 2019, encargado y pagado por este Ministerio a la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, en el que se confirma que esta actividad cultural interesa a más de 11 millones de españoles, el 28,5% % de nuestra población. Este estudio trata a la tauromaquia como bien cultural a salvaguardar, y alerta con estadísticas de la exclusión de esta actividad de gran parte de la población, jóvenes, sobre todo, por cuestiones económicas.

Es decir, que el Gobierno de España, conoce, por su propia iniciativa, el estado económico social de algo que ellos mismo denominan cultura, cuyo objeto entra dentro del Ministerio de Cultura aplicando la Ley 18/2013 y del Título I de la Constitución. No obstante, esta realidad, el Gobierno de España, en una contracción injusta y rocambolesca, muy posiblemente prevaricadora, a sabiendas de que la tauromaquia es cultura por ley, a sabiendas de su estado económico y social, a sabiendas de las dificultades a su acceso de los jóvenes, la deja fuera de las actividades culturales para el gasto del bono de 400 euros dirigido a la juventud en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

No es lamentable sino cainita, obsceno e, insisto, muy posiblemente a modo de un delito de prevaricación, esta decisión de exclusión. Máxime, cuando tal exclusión se hace evidente y execrable tras las manifestaciones contradictorias del propio Gobierno al respecto. El ministro Iceta, en declaración a El País, afirmo de forma positiva que la tauromaquia si estaba incluida en el gasto de ese bono. Horas más tarde, y por presiones de Podemos, socio con el que el PSOE va a sacar adelante los presupuestos de 2022, llega la afirmación contraria.

En el seno del sector mayoritario del Gobierno, el del PSOE, se estaba dentro del razonamiento de cumplir Ley y Constitución respecto a la tauromaquia y su cultura. Y tiene la misma evidencia cristalina que se han rectificado así mismo por una cuestión de puro y duro interés político. Es decir, asistimos a una decisión de gobierno marcada y razonada por un interés de rédito político y no por un interés de justa decisión social hacia los ciudadanos. Un sectarismo infame que este país no debe de permitir si este país y sus instituciones dicen ser un Estado Democrático y de Derecho.

Ante esta evidencia del tamaño del mapamundi, el toreo ha de reaccionar en todos los lugares posibles y más allá de ellos. Los medios políticos, los medios jurídicos y los medios de protesta social en cada lugar y rincón, corrida, paseíllo, acto cultural, que sea posible. Estamos ante una batalla esencial y con el viento de la ley a favor. No debemos plantear toros o toros no sino todos si o todos no. Libertad, igualdad, justicia social, igualdad de derechos y deberes, no discriminación en función de ideas o posturas.