Acabáramos: quien se forra con el negocio de las balizas es… Cataluña

Llevamos días poniendo el foco en lo turbio que pinta el asunto de las balizas V16, más aún cuando la empresa inventora, Netun Solutions, y la compañía fabricante de sus productos han recibido millonarias ayudas del Gobierno. El asunto se las trae, porque el padrino de Netum Solutions es el ex diputado del PSOE nacional David Regades, hoy secretario general de los socialistas de Pontevedra, el hombre que desde el principio estuvo «detrás» del proyecto, como reconoce la compañía. Pero hoy OKDIARIO publica una información que amplía las sospechas, porque en esto de las balizas no hay un solo pelotazo, sino varios. Los dos laboratorios a los que ha recurrido la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ejecutivo de Pedro Sánchez para homologar y certificar las balizas V16 -obligatorias en los coches en circulación- están vinculados al Gobierno catalán que preside Salvador Illa. Dicho de otro modo: cualquier modelo de baliza V16 (hay más de 200 certificados) que necesite ser homologado en el cumplimiento de las condiciones técnicas del dispositivo debe pasar por los peritos de estos dos laboratorios en los que tiene intereses la Generalitat de Cataluña.

Una de ellas es la firma Idiada Automotive Technology SA, participada al 20% por la Generalitat, y la otra el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), perteneciente a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, una entidad privada que es socia también del Gobierno catalán en otra empresa del sector denominada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS). Idiada Automotive Technology SA, con sede en Tarragona, está participada al 80% por la firma Applus Servicios Tecnológicas SLU, que ganó el contrato para la gestión de la primera con una oferta de 428 millones de euros, un importe superior en un 80% al precio inicial de licitación, que fue fijado en 238 millones.

La participación de la Generalitat en la compañía reportará a la Administración catalana ingresos por valor de más 800 millones de euros -incluidos aquí los 428 millones de la compra del 80% de Idiada- durante los 25 años del contrato, según las estimaciones realizadas. O sea, un pelotazo en toda regla. En suma que esto de la baliza obligatoria desprende un tufo que apesta. Al final, ¿quién gana? Pues el de siempre: Cataluña