El sector pirotécnico se rebela ante el anuncio de la Junta de Andalucía de vetar los fuegos artificiales
Aepiro reclama una reunión técnica con la Junta para diseñar autorizaciones caso por caso este verano
Los datos oficiales revelan que entre 2015 y 2023 la pirotecnia sólo quemó 21,6 hectáreas en Andalucía
El sector se queja de que la medida "está generando una cascada de cancelaciones con un perjuicio económico y social brutal"
La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) se ha dirigido formalmente a la Junta de Andalucía para exigir que aclare si el veto anunciado a los fuegos artificiales se articulará mediante una orden vinculante o si se trata de «un mero blindaje político que traslada la presión a los ayuntamientos». La patronal reclama seguridad jurídica para operadores y corporaciones locales.
El sector exige una «aplicación proporcional y territorialmente diferenciada» de las restricciones frente a lo que considera una propuesta «indiscriminada y carente de base real y estadística» del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de vetar la pirotecnia en toda la comunidad.
El origen del veto
Todo arranca de las declaraciones que Sanz realizó el pasado 31 de julio en Málaga, donde trasladó «la propuesta de no autorizar ningún tipo de fuegos artificiales ni eventos pirotécnicos en ninguna población» mientras dure el periodo de riesgo extremo. El consejero lo defendió como una medida «de responsabilidad, prudencia y compromiso con la seguridad».
La Junta sustenta su decisión en la gravedad de la temporada: Andalucía suma 11.000 hectáreas más quemadas que el año pasado y casi 90 incendios más, en un verano marcado por la tragedia del incendio de Los Gallardos, en Almería, el más mortífero de este siglo en España. Sanz apeló a la comprensión de alcaldes y ciudadanos ante «días muy difíciles».
Aepiro, sin embargo, considera que «esta recomendación política y arbitraria, que ignora la realidad y la ley, busca la foto fácil» y responde a un «populismo irresponsable». La asociación advierte de que la medida «está generando una cascada de cancelaciones con un perjuicio económico y social brutal para una actividad legal, regulada y arraigada en la cultura andaluza».
Un veto que choca con la ley
La patronal recuerda que la autorización debe aplicarse con criterio técnico y territorial, distinguiendo el suelo urbano consolidado y las zonas agrícolas del terreno forestal y de influencia forestal, tal y como ya prevé el artículo 13 del Decreto 247/2001. El propio reglamento andaluz ya blinda la seguridad caso por caso.
Ese Decreto 247/2001, modificado por el Decreto-ley 5/2026, somete el uso pirotécnico a autorización expresa caso por caso, por lo que, según Aepiro, «este veto generalizado vulnera el propio marco legal vigente». El sector sostiene que la Junta dispone ya de herramientas para restringir la actividad solo donde el riesgo es real.
La asociación asegura compartir la preocupación por los incendios forestales, pero desmonta el argumento de la Junta: «Los datos oficiales demuestran que prohibir la pirotecnia es una maniobra populista que no responde al riesgo real», denuncian desde Aepiro.
El 0,02% en nueve años
Los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico revelan que, entre 2015 y 2023, la pirotecnia solo fue responsable del 0,02% de la superficie forestal quemada en Andalucía: 21,6 hectáreas de 104.525 totales.
La comparación con actividades cotidianas resulta demoledora para el relato del veto. Según Aepiro, la quema de restos de poda calcina 142 veces más superficie que la pirotecnia, las colillas 92 veces más, las líneas eléctricas 85 veces más y las labores agrícolas autorizadas sumaron 266 veces más superficie quemada.
El incidente medio por pirotecnia en Andalucía es de apenas 0,77 hectáreas, veinte veces menor que la media general de cualquier causa, según los mismos datos oficiales de la EGIF que maneja la administración.
Nunca un gran incendio
En toda España, el mayor incendio atribuido a esta causa alcanzó 87,6 hectáreas, lejísimos de las 500 hectáreas que definen técnicamente un gran incendio forestal, un umbral que la pirotecnia jamás ha superado en el registro histórico, según datos de la entidad.
«Los datos científicos son demoledores: prohibir la pirotecnia es una medida cosmética que no habría evitado más del 0,02% de la superficie quemada en nueve años», destaca la asociación, que reprocha a la Junta perseguir al eslabón más controlado de la cadena.
Además, esa cifra ya marginal mezcla el uso particular de petardos con los espectáculos profesionales. «Los políticos están persiguiendo al sector más controlado y seguro por mero populismo», ha señalado la Dirección Técnica de Aepiro, que subraya que sus operativos trabajan con perímetros de seguridad y medios de extinción propios.
La vía técnica
Por todo ello, la asociación solicita de urgencia una reunión técnica con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para establecer criterios profesionales frente a las decisiones puramente políticas y diseñar un procedimiento ágil de autorización durante la temporada de verano.
Con ese encuentro, el sector también pretende «frenar la sangría de cancelaciones de espectáculos pirotécnicos en todo el territorio andaluz» provocada, en su opinión, por un alarmismo político injustificado que ya está dejando pueblos sin sus fiestas más señaladas.
Aepiro advierte, por último, de que si la Junta mantiene el veto fuera de las zonas de riesgo forestal real, la campaña de 2026 supondrá «un golpe histórico para fabricantes, técnicos y fiestas populares», destruyendo empleo «sin que ello aporte ninguna reducción perceptible en el riesgo real de incendios».
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