Financiación, colaboración y educación ambiental: las claves para cumplir el reto europeo de la economía circular

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 19/06/2026 05:45
  • Actualizado: 19/06/2026 05:45

El Consorcio RSU de Ciudad Real acogió la jornada El futuro de la economía circular ante los retos de Europa, organizada por Nivel 15 y OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO. El encuentro reunió a expertos, responsables institucionales y representantes municipales de la provincia.

La primera mesa de debate, titulada El futuro de la economía circular: marco regulatorio y objetivos 2030, abordó el reto desde tres perspectivas complementarias: la jurídico-fiscal, la técnico-operativa y la de la consultoría especializada.

El debate también marcó la importancia de la educación ambiental, de la concienciación ciudadana, poniendo el foco en las sanciones que llegarán y que hay que apostar decididamente por los incentivos a los generadores de residuos para cumplir objetivos.

Preocupaciones y perspectivas

Una radiografía completa de la situación que afronta España ante las exigencias europeas y que arroja muchas preocupaciones y perspectivas de la situación actual en torno a la dificultad de llegar a los objetivos marcados por la Unión Europea.

La mesa estuvo moderada por José Manuel Labrador, gerente del Consorcio RSU, y contó con la participación de Gemma Patón García, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM; Juan Pablo López Heras, presidente del Grupo PWACS; e Ignacio Aguilar, director técnico de RSU Ciudad Real.

Objetivos exigentes y un suspenso anunciado

Labrador situó el marco normativo desde el inicio. «La Unión Europea ya establecía unos objetivos para 2035: como mínimo había que reciclar el 65% de los residuos generados», recordó. La Ley de Residuos 7/2022 transpuso esa directiva y fijó además que, a partir de 2035, como máximo el 10% de los residuos podrá ir a vertedero.

El gerente advirtió de las consecuencias de no cumplir. «La Unión Europea no se va a andar con tonterías. Empezarán a trasladar sanciones a los Estados, y al final quién lo va a pagar van a ser nuestros ciudadanos», alertó. España ronda hoy el 40 % de reciclaje, y el Consorcio se sitúa ligeramente por encima de esa media nacional.

Juan Pablo López Heras fue contundente en su diagnóstico. «Mi opinión es que suspendemos seguro», afirmó el presidente de PWACS, que augura el aprobado sólo a territorios como el País Vasco, Cataluña o Madrid. «El grueso del Estado es un suspenso y es muy difícil que ya lo levantemos», añadió.

La responsabilidad recae en lo local

López Heras subrayó la paradoja que afrontan las entidades locales: «La ley otorga la responsabilidad, pero no te da los medios para resolver el problema», denunció, señalando que no es lo mismo una diputación rica que municipios pequeños «sin capacidad técnica, económica ni de personal» para asumir el tratamiento de residuos.

El consultor reclamó también un cambio de mentalidad y una apuesta decidida por la educación ambiental. «Los residuos son materia prima. Hay que hacer minería de todo eso y recuperarlo para ser más independientes de lo que viene de fuera», explicó, lamentando que la mayor parte siga acabando en el vertedero.

Sobre el impuesto al vertedero, López Heras defendió la vía británica de encarecerlo de forma progresiva. «Hay que ir castigando, como ha hecho el Reino Unido, para que llevar las cosas al vertedero sea lo más caro frente a cualquier otra opción», apuntó, advirtiendo del riesgo de vertidos incontrolados si la subida no se fiscaliza bien.

La tasa de residuos, un desafío fiscal

Gemma Patón centró su intervención en los instrumentos fiscales que articula la Ley 7/2022. «Todo gira en función de un criterio de eficiencia económica en la gestión de los residuos», resumió la catedrática, que explicó cómo el impuesto sobre el depósito en vertedero busca aumentar el reciclaje y reducir lo que va a parar a los vertederos.

La experta insistió en que la tasa de residuos debe ser «específica, diferenciada y no deficitaria», y recaer sobre el contribuyente. «Cuanto mejor lo hagan en la separación, más sencillo será que el ciudadano acepte socialmente las tasas, que con el tiempo se podrán ir reduciendo», señaló, dirigiéndose a los alcaldes y concejales presentes.

Patón reconoció las dificultades de implantación, ejemplificadas en el caso de Madrid, cuya tasa fue tumbada judicialmente. La catedrática reclamó planificación previa y advirtió que el Ministerio ya avista el subir el impuesto por encima de los 40 euros por tonelada «si los datos de cumplimiento son malos».

La realidad sobre el terreno

Ignacio Aguilar aportó la mirada operativa de un gestor que atiende a 92 municipios y 250.000 habitantes. «La economía circular ya no es una política ambiental, es una política económica territorial y de gestión de servicios públicos», defendió, reclamando poner en valor un servicio que cuesta a las familias menos de 100 euros al año.

El director técnico ofreció datos reveladores: el Consorcio recicla el 42,73% de los residuos municipales, frente al 60% exigido para 2030, y todavía envía cerca del 59% a vertedero. «Estamos mal, no voy a decir que estamos bien, pero queda mucho por hacer», admitió, repasando los retos en biorresiduo, vidrio, textil y voluminosos.

Aguilar puso el foco en la concienciación, recurriendo al símil taurino: el ciudadano «es espectador, pero también es el toro». Y aportó un dato esperanzador: en 2003 se recogía un kilo de envases por habitante, mientras que hoy se alcanzan los 22 kilos, prueba de que la educación funciona.

El impuesto al vertedero, en el centro del debate

El asunto que atravesó todas las intervenciones fue el destino del impuesto al vertedero. Labrador recordó que grava cada tonelada depositada, que su recaudación termina en las comunidades autónomas y que debe destinarse a mejorar el reciclaje y la educación ambiental, algo que apenas se cumple salvo en Cataluña, País Vasco y Asturias.

«Sólo en el Consorcio RSU, los ayuntamientos consorciados han pagado más de 10 millones de euros desde el 1 de enero de 2023», denunció el gerente. «Es una fuente de financiación que debería estar utilizándose ya para conseguir esos objetivos», reclamó, en línea con la queja expresada por el presidente del Consorcio.

López Heras señaló el modelo catalán como referencia, donde la financiación se reparte en tercios entre administraciones, fiscalidad del vertedero y financiación privada. Patón añadió que el canon catalán, vigente desde 2003, revierte la recaudación a los municipios que mejor gestionan sus residuos.

La incineración, ya sin tabú

El debate alcanzó su punto más rotundo al abordar el tratamiento del rechazo con la valorización energética como solución. «Si Europa te permite llevar al vertedero como máximo el 10% y exige recuperar el 65%, sólo hay una posibilidad, y es que el 25% restante deberá ser para la valorización energética», sentenció López Heras, que reivindicó la incineración como tecnología madura y «un 245 % menos contaminante que un vertedero».

El consultor lamentó el retraso español, con apenas 11 plantas frente a las 400 del Reino Unido o las 300 de Alemania, y advirtió de que estos proyectos industriales tardan hasta ocho años en ejecutarse. Labrador coincidió: «Si en 2035 sólo puede ir el 10% a vertedero, la única manera de conseguirlo es la incineración».

Como cierre, el moderador resumió las cuatro grandes conclusiones de la mesa. «Me quedo con cuatro aspectos genéricos: falta de financiación, colaboración entre administraciones, educación ambiental y la incineración como vía de futuro a corto y medio plazo para poder conseguir esos objetivos», concluyó Labrador antes de dar paso a la segunda mesa.