Dos agricultores talan 11.000 hectáreas de bosque y ahora tienen que pagar la mayor multa medioambiental de la historia argentina: 13 millones de euros

El norte de Salta, en Argentina, fue escenario de uno de los desmontes ilegales más grandes de las últimas décadas. Dieciocho topadoras arrasaron con total impunidad un bosque nativo habitado por comunidades wichí (una etnia indígena del sur del país), hasta que, finalmente, se hizo justicia con una multa medioambiental sin precedentes.

El caso llevaba años esperando una resolución, mientras los responsables incumplían de forma sistemática el plan de restauración que habían firmado. De hecho, ese historial de promesas rotas fue determinante para que el tribunal salteño fijara el monto final de la sanción.

La mayor multa medioambiental de la historia de Argentina

La Justicia de Salta amplió la multa contra los agricultores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen a 21.805 millones de pesos, unos quince millones de dólares (cerca de trece millones de euros al cambio actual).

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, es la sanción ambiental más alta jamás impuesta en el país.

A modo de aclaración, la cifra no salió de la nada. El embargo original, fijado en 2016, era de apenas 171 millones de pesos.

La jueza de Primera Instancia Viviana Yance ordenó su actualización al comprobar que los dueños de la estancia, ubicada a veinte kilómetros de la localidad de Dragones, seguían explotando la tierra sin haber restaurado un solo metro del bosque destruido.

Los antagonistas: dieciocho topadoras y años de desmonte sin control

El desmonte se ejecutó con dieciocho topadoras trabajando de forma simultánea durante varios meses, hasta arrasar más de 11.000 hectáreas de bosque nativo, una extensión similar a la que ocupa la ciudad de Madrid.

La zona afectada, en el departamento de San Martín, está habitada por comunidades wichí y por familias campesinas que dependen del monte para subsistir. Los wichís son una etnia indígena del Chaco Central y del Chaco Austral en América del Sur. Viven principalmente en Argentina y en menor cantidad en Bolivia.

«Se trata de una multa histórica, para uno de los mayores desmontes ilegales de las últimas décadas», explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La organización había denunciado la tala en 2013, en 2016 y otra vez en 2023, con carteles gigantes como el que se aprecia en la imagen destacada, sin que las autoridades frenaran el avance sobre uno de los últimos reductos del Gran Chaco americano.

Cabe remarcar que en Argentina rige desde 2007 la Ley de Bosques Nativos, que exige un ordenamiento territorial previo a cualquier desmonte y restringe la tala en las zonas de mayor valor de conservación, precisamente el tipo de bosque que arrasaron estas dieciocho topadoras durante meses.

El plan de restauración que nunca se cumplió

En 2018 se homologó un Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental que obligaba a los Karlen a devolver el bosque a su estado original en un plazo de 30 años. Los informes técnicos posteriores, verificados en los catastros 30.746 y 30.747, detectaron justo lo contrario:

• Agricultura no autorizada dentro de los terrenos que debían quedar en descanso.
• Almacenamiento de maíz en los mismos catastros pendientes de restauración.
• Ausencia total de avances en la reforestación comprometida.

Ese incumplimiento reiterado fue el argumento que usó la Fiscalía para pedir la ampliación de la multa medioambiental. Mientras tanto, el negocio agropecuario en la zona siguió funcionando con normalidad  y descaradamente durante años, como si el acuerdo firmado en 2018 nunca hubiera existido.

Greenpeace pide algo más que una multa medioambiental

Para Greenpeace, ni siquiera esta cifra récord alcanza a compensar el daño causado. La organización sostiene que, si se actualizara la sanción original según la inflación acumulada, el monto debería rondar los 6.000 millones de pesos adicionales.

Más allá del dinero, Greenpeace reclama algo que ninguna multa soluciona: el cierre definitivo de la estancia para permitir la regeneración del bosque.

La causa ahora avanza hacia una audiencia clave, en la que la Justicia deberá confirmar si la ampliación de la multa medioambiental queda firme o si los Karlen consiguen apelar el monto. Mientras tanto, ambos agricultores siguen al frente de la explotación.

El reclamo choca con una realidad conocida en el Chaco salteño: la causa judicial avanza despacio y el negocio agropecuario no se detiene.

Trece años después de la primera denuncia de Greenpeace, las 11.000 hectáreas arrasadas siguen más cerca de ser un campo de cultivo que un bosque.