Parte del día para los moteros: inclemencias administrativas

Arranco con un dato. En los últimos 20 años, la cintura de los coches más vendidos en Europa ha crecido en 10 cm. Mucho se habla del parque envejecido, poco de un parque fofo. No nos extrañemos, pues que una gran capital como París haya celebrado recientemente una consulta ciudadana para gravar con una tarifa específica de aparcamiento a los turismos más pesados.

La sostenibilidad vinculada a la movilidad no solo abarca pues las emisiones de los vehículos (incluidas las sonoras), sino el espacio que ocupan en el entorno urbano. Y aquí la moto y el ciclomotor eléctrico resultan ideales, pues a sus cero emisiones y ruidos, hay que añadir que ocupan mucho menos espacio.

Sin embargo, desde la Administración, la misma que crea las Zonas de Bajas Emisiones, también piensa en obligar a pasar un curso a aquellos conductores que aún teniendo el permiso B, quieran llevar una 125, luego algo que debería beneficiar a la sostenibilidad de las ciudades empieza a complicarse.

Si bien es cierto que la medida parece que no será retroactiva, es decir, no afectará a quien lleva ya tiempo manejando una moto, sí impactará en los nuevos usuarios de dos ruedas, afectando al cambio modal de coche a moto o al crecimiento en número de lo que me gusta llamar como conductor de 6 ruedas, aquél que tiene ambas modalidades de transporte y las usa en función de sus necesidades.

¿Están las 125 en el punto de mira de la seguridad vial? Nada que objetar a toda medida en beneficio de la seguridad vial, pero cómo explicar que se ponga el foco en las 125 como argumento para dicha formación, cuando dos de cada tres fallecidos en siniestros viales con moto corresponden a alta cilindrada.

De hecho, los datos de 2023 de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio del Interior concluyen que hay un aumento en la siniestralidad en motoristas, 45 personas más fallecidas respecto a 2022; pero ocho de cada diez son en carretera convencional, no en entorno urbano, que es el hábitat natural de una 125. Es como si hubiera un repunte de ahogados en las playas y se reforzaran medidas de seguridad en las piscinas.

Luego es difícil sostener con datos en la mano que haya un riesgo de seguridad vial en los conductores de coche que decidan coger una 125 y, por tanto, deban hacer un curso.

Por otro lado, si bien estos anuncios antes de tienen como objetivo ir preparando a la sociedad y a los colectivos afectados para que no sea una medida repentina y sorpresiva, no solo ésta genera un problema al mercado, sino también su falta de concreción. Ser hoy usuario de un vehículo es cada vez más difícil por la incertidumbre que desde la Administración se genera. ¿Cómo sería esa formación? ¿A qué coste? ¿Cuánto tiempo? ¿Implica un examen y su aprobación?

Mientras, el mercado de las dos ruedas eléctricas está en caída. Quizás el próximo plan MOVES incluya ayudas directas, algo que en Velca llevamos reclamando tiempo para que sean un aliciente de verdad (y de hecho nosotros tenemos nuestro particular plan de incentivos directos que ha funcionado… y mucho), pero ¿qué hacemos con los 200-300 euros que pueda costar el curso? ¿Los incluimos? ¿Lo deducimos en la declaración de la renta?

Puedo entender que un conductor tenga reparo en salir con la moto con inclemencias metereológicas, lo que no entiendo es que se creen inclemencias administrativas. Con ese tiempo se complica lo de tener moto y avanzar en sostenibilidad.