Boadilla detecta 25 casos de empadronamiento fraudulento tras la regularización masiva de Sánchez

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha detectado al menos 25 casos de empadronamientos fraudulentos y mantiene otros tantos expedientes abiertos bajo investigación, después de que el personal municipal identificara la semana pasada solicitudes anómalas y el uso presunto de documentación falsa en varios registros del padrón municipal.

Las pesquisas han desembocado en la detención de una persona y en la identificación policial de otras cuatro, en lo que el alcalde, Javier Úbeda (PP), ha enmarcado como una consecuencia directa de la falta de coordinación entre el Ejecutivo central y los municipios durante el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio ha salido a la luz a raíz de un trabajo de detección interna. Fue el propio personal del Consistorio quien advirtió los movimientos y solicitudes anómalas en varios expedientes de empadronamiento, así como la presunta utilización de documentación falsa. Acto seguido, el Ayuntamiento puso los hechos en conocimiento de la Policía Local, la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.

Las investigaciones de los distintos cuerpos de seguridad confirmaron las irregularidades detectadas. El pasado viernes, como resultado de esas actuaciones, se procedió a la detención de una persona directamente vinculada a los hechos, mientras otras cuatro fueron trasladadas al cuartel de la Guardia Civil de Boadilla del Monte para su identificación.

El municipio, con algo más de 55.000 habitantes y ubicado en la corona metropolitana de Madrid, es uno de los de mayor renta per cápita de España, lo que lo convierte en destino habitual de quienes buscan acreditar una dirección de alto valor catastral en el padrón.

Empadronamientos fraudulentos

Tras verificarse las irregularidades, el Ayuntamiento ha trasladado la información a los titulares de las viviendas afectadas para que interpongan las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil.

Según el Consistorio, los hechos detectados podrían afectar gravemente a la seguridad jurídica de los vecinos cuyas direcciones han sido utilizadas sin su conocimiento ni consentimiento —una usurpación administrativa que los afectados no siempre advierten hasta que el daño está hecho—.

La Policía Local y la Guardia Civil continúan en la actualidad desarrollando actuaciones e investigaciones relacionadas con estos hechos en el municipio.

El alcalde Javier Úbeda ha aprovechado la situación para lanzar un aviso al conjunto de los regidores del país. Ha pedido al resto de alcaldes de España que «extremen la vigilancia sobre los procedimientos de empadronamiento en sus municipios», en la convicción de que Boadilla del Monte no es un caso aislado.

En declaraciones recogidas por OKDIARIO, Úbeda ha señalado que «no se pueden impulsar leyes o procesos de regularización sin establecer mecanismos de control y coordinación con los ayuntamientos, porque al final se convierten en caldo de cultivo para posibles hechos delictivos y situaciones de fraude».

El alcalde ha reclamado al Gobierno «mejores condiciones de seguridad jurídica y administrativa para que los municipios puedan garantizar que los empadronamientos se realizan con todas las garantías».

El regidor no ha limitado su crítica al empadronamiento. Ha extendido la censura a otras políticas que, a su juicio, trasladan la carga de gestión a los municipios sin dotarlos de los medios necesarios. Úbeda ha señalado que «una vez más son los ayuntamientos los que terminan pagando los platos rotos de decisiones e ideas impulsadas desde el Gobierno central sin contar con la realidad municipal», y ha puesto como ejemplo paralelo la aplicación de la tasa de basuras, que «ha supuesto nuevas cargas y problemas para los vecinos de los municipios y las administraciones locales».

Antecedentes y contexto

El empadronamiento fraudulento no es una problemática nueva en España, si bien los expertos municipalistas advierten de que los grandes procesos de regularización migratoria pueden intensificarla al disparar la demanda de inscripciones en el padrón.

El padrón municipal es, en el ordenamiento jurídico español, la puerta de entrada a derechos y servicios fundamentales: acceso a la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y, en algunos supuestos, el propio proceso de regularización. Esa centralidad lo convierte en un documento codiciado y, con ello, en un objetivo para quienes operan en la economía irregular de los trámites administrativos.

La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los ayuntamientos la gestión del padrón, pero los consistorios disponen de recursos de verificación desiguales y, en muchos casos, escasos. La ausencia de un sistema de alerta temprana compartido entre administraciones ha sido señalada en repetidas ocasiones por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como una laguna que facilita el fraude.

El caso de Boadilla del Monte llega, además, en un contexto de creciente tensión política en torno a la política migratoria del Ejecutivo. El proceso de regularización al que alude el alcalde Úbeda ha sido objeto de un intenso debate parlamentario durante los últimos meses, con la oposición exigiendo mayores filtros de control y el Gobierno defendiendo la necesidad de regularizar situaciones administrativas que ya eran una realidad de facto.