Marta Riesco gana el juicio a la productora que ahora le paga el sueldo
Marta Riesco ha logrado que Mediaset sea condenada a indemnizarla con 50.000 euros
En la causa judicial que implica a Marta Riesco también está metida La Osa Producciones, antes La Fábrica de la tela
Marta Riesco es actualmente trabajadora de La Osa Producciones


En un giro que parece sacado de un guion con más vueltas que una novela, Marta Riesco ha logrado que Mediaset y La Fábrica de la Tele -ahora conocida como La Osa- sean condenados a indemnizarla con 50.000 euros por vulnerar su derecho al honor. Lo verdaderamente paradójico no es únicamente que la productora responsable de difundir informaciones perjudiciales sobre la periodista sea hoy su empleadora, sino que este episodio revela las complejas dinámicas internas del mundo audiovisual, donde los roles de víctimas y agresores pueden intercambiarse con rapidez y sin aparente trauma institucional.
El origen de esta disputa judicial se sitúa en enero de 2022, cuando durante dos emisiones del programa Sálvame, Anabel Pantoja afirmó haber presenciado, durante una fiesta de Nochevieja en la finca Cantora, un encuentro íntimo entre dos mujeres, señalando indirectamente a Marta Riesco como una de las protagonistas. La acusación fue ratificada en directo por Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, quien no dudó en acompañar la narración con una recreación gestual que incrementó la carga humillante para Riesco.
Marta Riesco en ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)
Estas declaraciones fueron más que un simple chisme; supusieron para Marta Riesco una intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal, derechos constitucionales protegidos. La periodista presentó demanda en octubre de 2023, solicitando inicialmente una indemnización de 150.000 euros por los daños sufridos. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 91 de Madrid ha dictado sentencia reconociendo la vulneración de esos derechos, y condenado solidariamente a Mediaset, La Fábrica de la Tele y Anabel Pantoja a pagar 50.000 euros más intereses. El tribunal ha enfatizado que el problema no rese en la revelación o comentario sobre la sexualidad en sí, sino en atribuirle públicamente una orientación sexual que Riesco no había manifestado y que, por tanto, afectaba directamente a su honor y dignidad.
Además, la sentencia subraya que la intención de las partes denunciadas era claramente despectiva y con un ánimo exclusivamente sensacionalista, sin ningún interés legítimo desde el punto de vista informativo. Cabe señalar que la cuestión no quedó circunscrita a Sálvame. Otros programas de Mediaset, como Viva la vida, abordaron el asunto, aportando incluso detalles adicionales y mencionando la presencia de terceros en la celebración, lo que amplificó aún más la difusión de un contenido que la Justicia ha considerado ilícito. En consecuencia, la sentencia impone también la obligación a Mediaset y La Fábrica de la Tele de publicar íntegramente el fallo en sus webs oficiales sin comentarios adicionales y retirar de la plataforma Mitele todos los fragmentos audiovisuales relacionados.


Marta Riesco en ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)
Aquí es donde la historia se torna en una paradoja digna de análisis: Marta Riesco, quien llevó a los tribunales a la productora por este asunto, actualmente colabora y trabaja para La Osa Producciones, la empresa que tomó el relevo de La Fábrica de la Tele. En la actualidad, Riesco desempeña el rol de reportera y colaboradora en el programa La familia de la tele, con el que ha cubierto eventos internacionales de gran relevancia en las últimas semana, como el cónclave para elegir al Papa en Roma o el festival de Eurovisión 2025 en Basilea.
Que Marta Riesco cobre una indemnización por parte de la productora que ahora la tiene contratada es, cuanto menos, irónico. Más que un cambio de parecer, parece una muestra de lo volátil y sorprendente que puede ser el mundo audiovisual, donde ayer eres blanco de ataques y hoy colaboras con quien te los lanzó. Y no es algo aislado: en mayo de 2025, Mediaset también fue condenada a pagar a María del Monte 200.000 euros por emitir una cámara oculta sin permiso, y a Alfonso Merlos, 150.000 euros, en el famoso Merlos Place. Parece que, cuando se trata de honor y privacidad, la justicia no anda con rodeos, aunque los caminos para llegar a esos acuerdos a veces sean de lo más inesperados.