La Fiscalía sostiene que González empleó ‘dinero B liberado’ para comprar sociedades y blanquear

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ignacio González se valió de «dinero B liberado», es decir, dinero negro disponible, para acometer presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de «la compra de sociedades y la adquisición de participaciones en distintas empresas» en el marco del caso Lezo.

En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio Público recuerda el presunto delito de blanqueo de capitales que se imputa a González y a su mujer Lourdes Cavero, que habrían «aflorado fondos de ilícita procedencia que, como se describe a lo largo de esta causa, Ignacio González percibió a través de la realización de actividades ilícitas como las investigadas».

«De lo actuado hasta el momento», añade el escrito de la Fiscalía, «se desprende que Ignacio González poseía importantes cantidades de dinero en metálico, que el propio investigado tildaba como ‘dinero B’, para cuyo afloramiento se sirvió de diversos mecanismos utilizados habitualmente en operaciones de blanqueo, entre los que se encontraba la compra de sociedades y adquisición de participaciones en distintas empresas».

En este contexto, el Ministerio Público recuerda la «adquisición de sociedades utilizando personas interpuestas que, aparentemente, invierten en las mismas es uno de los instrumentos habituales utilizados en operaciones de blanqueo».

Anticorrupción menciona las conversaciones telefónicas y grabaciones de conversaciones descritas en un informe policial del caso, mantenidas entre septiembre de 2016 y enero de 2017 principalmente entre Ignacio González, su hermano Pablo González, exdirectivo de Mercasa y la esposa del expresidente madrileño.

En dichas conversaciones apunta la Fiscalía «los interlocutores mencionados van perfilando una operación de forma similar a como finalmente se materializó, haciendo expresa referencia a que van a financiar una operación con dinero ‘B liberado’».

En la actualidad, Lourdes Cavero es la presidenta de la sociedad Subastas Segre, especializada en obras de arte, investigada en la causa como posible herramienta para el supuesto de blanqueo de capitales.

Además, la esposa de González liquidaba durante el mes de julio una empresa de guarderías, denominada Grupo Empresarial Chickies, también investigada en el caso Lezo por blanquear supuestamente 400.000 euros, de la que era apoderada y consejera.

El juez levanta el secreto de sumario

Tal y como avanza este diario, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decretaba la semana pasada el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo, donde se investigan las presuntas irregularidades de Ignacio González en el Canal de Isabel II.

En el auto emitido por el magistrado, se recordaba que el 15 de julio de 2016 se acordó el secreto de las presentes actuaciones para todas las partes salvo para el Ministerio Fiscal, “por tiempo de un mes, habiéndose acordado prórrogas, hasta que por auto de 9 de octubre de 2017 se acordó levantar el secreto parcial de las actuaciones en la pieza principal de las diligencias realizadas hasta el mes de junio de 2017, y prorrogar el secreto de las realizadas con posterioridad, cuyo secreto se ha ido prorrogando mes a mes”.

“El Ministerio Fiscal”, añadía, “en el día de la fecha presenta escrito interesando el levantamiento del secreto de las actuaciones de la pieza principal, y la declaración de complejidad de la causa”.

El exdirigente del PP es investigado en el caso Lezo por por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales.

González abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real el pasado 8 de noviembre, tras abonar la fianza de 400.000 euros fijada por el juez del caso, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, el expresidente madrileño permanecía en prisión provisional algo más de 6 meses.