La esposa de González liquida su empresa de guarderías investigada en Lezo por blanquear 400.000€

La esposa del expresidente madrileño Ignacio González, Lourdes Cavero, ha iniciado la liquidación de la empresa de guarderías, Grupo Empresarial Chickies S.L., investigada por blanquear 400.000 euros para el matrimonio en el caso Lezo. Cavero ocupaba los cargos de apoderada y consejera de esta sociedad hasta el pasado 26 de julio, fecha en la que se inscribió su liquidación en el Registro.

Según varios documentos sobre la ‘Operación Lezo’, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la sobrina de los González Cavero, Rocío Bonet Cavero y el empresario y amigo del matrimonio, Alberto Pérez de la Sal, habrían presentado las correspondientes escrituras ante notario para liquidar la sociedad. Además, se ha designado a Fernando Echecopar en representación de la mercantil Directores de Transición Management S.L. como liquidador de la empresa.

Tras estallar la trama corrupta en el mes de abril, la Audiencia Nacional bloqueaba la cuenta bancaria de la empresa de guarderías donde se ingresaban las cuotas mensuales de los niños y desde la que se transferían los gastos. El Grupo Empresarial Chickies SL gestionaba unos pagos mensuales de aproximadamente 70.000 euros en concepto de arrendamiento de los locales, nóminas de 30 trabajadores, seguros sociales, proveedores de alimentos o suministros.

El liquidador de la sociedad tendría que abonar una cantidad cercana a los 140.000 euros en gastos pendientes de los meses de abril y mayo, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en julio a que se realizaran dichos pagos. Sin embargo, todavía los trabajadores no han cobrado sus nóminas pendientes.

El Grupo Empresarial Chickies se constituyó el pasado 16 de diciembre de 2016 y su domicilio social era el despacho profesional del expresidente de la Comunidad de Madrid, situado en la calle Alcalá nº 89 de la capital. Esta oficina fue registrada por los agentes de la UCO durante 5 horas, incautándose de abundante documentación sobre los negocios de los González Cavero.

La accionista mayoritaria del Grupo investigado por la Audiencia Nacional era la empresaria Carmen Pazos, propietaria de la conocida cadena de guarderías de Castilla y León, Mis Pollitos y que poseía un 40% de las acciones de Chickies.

Pazos quería expandir su negocio de escuelas infantiles a la Comunidad de Madrid y a otras regiones españolas. Mientras buscaba inversores para su proyecto, se cruzó en su camino Lourdes Cavero, y ambas constituían el Grupo Empresarial Chickies. La esposa del expresidente madrileño se reservó un 20% de las acciones de la compañía por haber conseguido al grupo de inversores necesario para llevar a cabo los planes de expansión. El 40% restante de las acciones se repartía entre los inversores conseguidos por la propia Cavero.

A excepción de la cuñada de Ignacio González, Pilar Cavero, todos los socios del Grupo Empresarial Chickies declararán en las próximas semanas como investigados en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales.

Los inversores del Grupo Empresarial Chickies imputados son el empresario y amigo del matrimonio, Alberto Pérez de la Sal, que invirtió en el negocio de guardería con su sociedad Marmara Patrimonial. También la administradora de Inversiones Apolonio SL, las sobrinas de los González Cavero, Rocío y Leticia Bonet Cavero, el marido de la primera de ellas, Guido Vincenzini y por último, Pino Escudero del Castillo.

La llamada intervenida por la UCO

En una grabación intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, a finales de noviembre de 2016, incluida en el sumario del caso Lezo, Ignacio González habla con su hermano Pablo González, exdirectivo de la empresa pública Mercasa, sobre la puesta en marcha de una empresa de guarderías, el citado Grupo Empresarial Chickies.

Durante la conversación, el exdirigente del PP afirma que su esposa, Lourdes Cavero, podría haber aflorado presuntamente 400.000 euros de “origen ilícito” con este negocio: “Lourdes se ha levantado 400.000 (euros) en B (dinero negro)”.

Los agentes de la UCO consideran tras analizar esta grabación que Cavero habría conseguido de esta forma “blanquear 400.000€” a través de “testaferros”, que serían sus socios. De hecho, la empresa es investigada en el caso Lezo como persona jurídica, al igual que el resto de los socios.