Anticorrupción quiere procesar a toda la familia Pujol como organización criminal

La Fiscalía Anticorrupción quiere procesar a todos los miembros de la familia Pujol, encabezados por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, y su esposa, Marta Ferrusola, por un delito de asociación ilícita: es decir, como integrantes de una organización constituida para delinquir, con el cobro de comisiones ilegales, el fraude a la Hacienda pública y el blanqueo de capitales en varios paraísos fiscales como columna vertebral de un reguero de delitos cometidos a lo largo de varias décadas.

Para dar este paso ha sido determinante un pago de menor cuantía, comparado con la fortuna millonaria de procedencia ilegal que han los Pujol. Se trata de la comisión de algo menos de 100.000 euros que el empresario Jose Manuel Sola -ex socio de Rodrigo Rato- pagó a tres de los hermanos: Jordi, Josep y Oleguer.

Este último ingresó la comisión en una cuenta de la sociedad patrimonial Drago, que comparte con otros socios, y que ha utilizado para llevar a cabo operaciones como la compra de las oficinas del Banco de Santander y de inmuebles del imperio Prisa.

Un error que permite ahora a la Justicia ampliar las comisiones rogatorias enviadas a varios paraísos fiscales en los que la familia Pujol oculta su fortuna. Muchos de estos países, que garantizan la opacidad de sus depósitos bancarios, no atienden el requerimiento de la Justicia española cuando se trata de investigar tan solo un delito fiscal. Pero sí deberán hacerlo ahora, según los convenios internacionales, si la investigación incluye los ilícitos de cohecho y blanqueo de capitales de procedencia ilícita.

La operación policial que se está desarrollando esta mañana, con la participación de 200 agentes bajo la dirección del juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, estaría encaminada a recabar pruebas documentales sobre estos delitos.

La fortuna oculta en Andorra

Prácticamente todos los miembros de la familia Pujol mantienen abiertas causas judiciales para esclarecer el origen ilícito de su fortuna. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona instruye la causa por delito contra la Hacienda pública, después de que el patriarca de los Pujol reconociera que ocultó durante décadas varios millones de euros en una cuenta de Andorra.

Al declarar ante el juez, tanto Jordi Pujol Soley como sus hijos mantuvieron la tesis de que se trata de una herencia familiar, procedente del padre del patriarca, que se dedicó al tráfico de divisas durante el Franquismo. Sin embargo, el juez sospecha que estos fondos depositados en Andorra -buena parte de los cuales ya han sido transferidos a otros países para ocultarlos a la Justicia- proceden del cobro de comisiones ilegales.

El que fuera diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol -al que muchos veían como el elegido para hacerse cargo, llegado el momento, de la presidencia de la Generalitat- tiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que investiga el cobro de comisiones ilegales por las concesiones de las estaciones de ITV en Cataluña. Oriol está acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Varias de sus empresas cobraron comisiones, además, por la deslocalización de grandes empresas que abandonaban Cataluña, e incluso por la contratación de programas de TV3.

El imperio inmobiliario de Oleguer Pujol

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga varias operaciones inmobiliarias realizadas por Oleguer Pujol, como la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.170 millones de euros -alquiladas a continuación a la misma entidad financiera- y la compra de los inmuebles del Grupo Prisa.

Oleguer realizó buena parte de estas operaciones a través de la sociedad patrimonial Drago Capital, que oculta la identidad de sus inversores a través de varios paraísos fiscales.

El hijo mayor del clan, Jordi Pujol jr, tiene que responder también del presunto cobro de comisiones ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el mismo que dirige la operación policial puesta en marcha esta mañana.

La investigación judicial ya ha permitido constatar que Jordi junior ha cobrado al menos 8,5 millones de euros en comisiones, que fueron «blanqueadas» ante la ley como el pago por supuestos servicios de «asesoramiento» a empresas».