El presidente colombiano Santos tendrá que declarar por la financiación ilegal de su campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha llamado a declarar al presidente, Juan Manuel Santos, en el marco de la investigación por un importante caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que podría estar detrás de la financiación de la campaña a la reelección del mandatario en 2014.

La magistrada Ángela Hernández Sandoval, que dirige la investigación, ha convocado al mandatario para el próximo 8 de mayo, según ha podido saber Noticias Caracol. No obstante, al tener fuero, Santos podrá responder en versión libre, es decir, a través de un cuestionario.

Además, también ha llamado a declarar al ex senador Otto Nicolás Bula, detenido por recibir más de cuatro millones de euros para que el gigante brasileño construyera el tramo 2 de la llamada Ruta del Sol.

Según el diario colombiano El Tiempo, otro de los convocados a declarar ha sido Roberto Priego, gerente de la campaña, y los representantes de las formaciones políticas que avalaron su candidatura en las últimas elecciones.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló recientemente que había indicios de que la campaña para la reelección de Santos recibió un millón de dólares en concepto de financiación de Odebrecht. Además, habría ingresado otros 65.000 euros al ex senador Otto Bula.

El jefe del Ministerio Público aclaró que no había ninguna prueba documental de esta supuesta financiación, si bien según Otto Bula, él mismo entregó el millón de dólares al gerente de la campaña electoral a través de una tercera persona.

Priego, por su parte, calificó entonces de «infundadas, tendenciosas y calumniosas» estas acusaciones y ha asegurado que «nunca» ha compartido ni un café con Bula. El jefe de campaña subrayó además, en un comunicado, que se negó a recibir donaciones y que el esfuerzo electoral se financió solamente con los fondos de reposición que establece la ley.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.