Paulo Abrao (CIDH): «El caso de Nicaragua es alarmante, y el único responsable es el Estado»

Paulo Abrao, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha levantado la voz públicamente ante «la situación alarmante en Nicaragua, que cada día empeora aún más». La CIDH, ente autonómo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha registrado al menos 285 muertos en tres meses de protestas contra la tiranía de Daniel Ortega.

«La conducta que ha adoptado el Gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo», ha denundiado Abrao en una entrevista con AFP. «La fotografía del momento es muy grave».

PREGUNTA.- El Gobierno nicaragüense criticó que no se señalen las «atrocidades» cometidas por los opositores. ¿Es así?

RESPUESTA.– El conflicto está cambiando. Primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes. Y en la medida en que la gente se siente amenazada, reacciona para defenderse. Pero la proporción de fallecidos [285, incluidos 20 policías] y heridos [más de 1.800] demuestra claramente que se trata de un operativo combinado de fuerzas policiales y parapoliciales contra opositores al gobierno.

P.– ¿Existen las llamadas «operaciones de limpieza»?

R.– Efectivamente, se han nombrado estas ‘operaciones de limpieza’ por parte del Estado, ignorando la vía del diálogo y realizando ofensivas represivas hacia la población, por medio de detenciones masivas y también de asesinatos. Esas operaciones ya son hoy asumidas formalmente por parte de las autoridades como acciones para recuperar el control del Estado. Y ahora empiezan a agregar una narrativa de que se justifican por la existencia de terroristas entre los manifestantes.

P.- La CIDH, que tiene un grupo de expertos y un mecanismo de seguimiento desplegados en Nicaragua, señaló una profundización de la crisis. ¿Por qué?

R.– Hay una escalada de la violencia y una diversificación de las formas de represión. Ahora hay secuestros, toma de tierras, invasión de casas en las madrugadas. La situación de Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más.

P.- El líder campesino Medardo Mairena fue detenido el viernes 13, acusado de terrorista. ¿Qué sabe la CIDH?

R.– Para nosotros es una persona desaparecida. Solicitamos información a las autoridades y no recibimos ninguna respuesta.

P.- Nicaragua acaba de aprobar una ley sobre terrorismo. ¿Qué opina la CIDH? 

R.- Vemos eso con mucha preocupación porque puede facilitar que la Fiscalía o la policía intenten cuadrar las conductas de los manifestantes como terrorismo. Y esta criminalización de los manifestantes ya es un proceso en marcha. El lunes mismo empezaron juicios contra estudiantes presentados en las televisiones estatales como terroristas. Y estos procesos de criminalización me parece que van a intensificarse.

P.- Este jueves 19 es el Día de la Liberación, que conmemora el derrocamiento del régimen del Somoza en 1979 por los sandinistas. ¿Cómo ve los ataques en Masaya, símbolo del triunfo de la revolución?

R.– Lo que está pasando está íntimamente vinculado con esta fecha. El Estado lanzó esa operación para recuperar el control y pretende llegar al 19 y declarar que se derrotó un golpe que se estaba instalando. Para la CIDH sólo hay un único responsable: el Estado. No hay dos bandos, hay un Estado que está incumpliendo sus obligaciones.

P.- La CIDH denunció los ataques contra la Iglesia católica, medidadora en el suspendido diálogo. ¿Es posible aún sentarse a hablar?

R.– Los obispos asumieron una postura muy digna: a pesar de los ataques, llamaron a reanudar la mesa de diálogo. Es más, convocaron a una reunión esta semana, pero con las operaciones de limpieza se hizo inviable cualquier reunión. También, con la criminalización de miembros de la mesa, como el líder campesino y otros opositores acusados de terrorismo, se van volviendo inviables los caminos de una solución pacífica. La conducta que ha adoptado el Gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo y no de apertura a la ayuda internacional. La fotografía del momento es muy grave.

P.- ¿Qué le dice el Gobierno a la CIDH?

R.– El Gobierno insiste en que hay un proceso de golpe, que hay terroristas, y así justifica el uso de la fuerza. Nosotros llamamos a la responsabilidad estatal. Insistimos en la necesidad de reanudar la mesa de diálogo, porque ése es el único camino que el país tiene para construir una solución democrática a la crisis.

P.- La CIDH denunció abusos de derechos humanos en Venezuela durante protestas opositoras. ¿Hay un paralelismo con lo que está ocurriendo en Nicaragua?

R.– Sí, hay prácticas autoritarias muy parecidas. Obviamente, lo que se intenta, o intentaba, era evitar que Nicaragua se convirtiera en una nueva Venezuela: un Estado totalmente cerrado al escrutinio internacional, con elecciones no reconocidas internacionalmente, con presos políticos, con represión estatal, ausencia de libertades públicas. Parece que Nicaragua sigue estos caminos.