Los países americanos valoran juzgar a Ortega por la situación de Nicaragua

«El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá en una sesión extraordinaria el jueves, 27 de diciembre, a las 10.00 (hora local) en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington para considerar la situación en Nicaragua», ha informado la OEA en un escueto comunicado.

El GIEI, creado hace seis meses por un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo en el marco de las protestas contra Ortega, presentó el pasado viernes sus conclusiones.

Los expertos regionales han determinado que, «frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril a un etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza».

Durante el periodo investigado, hubo 109 muertes, 95 por armas de fuego de las cuales «la gran mayoría ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales». Las autoridades nicaragüenses solo han abierto investigaciones sobre nueve muertes, por lo que «el resto permanece en la impunidad».

Para el GIEI, no cabe duda de que «se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado», por lo que «se recomienda que se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional».

El GIEI ha considerado que estos crímenes pueden ser considerado de «lesa humanidad» y ha alertado de que, además de las muertes, podrían incluir tortura y agresiones sexuales que ha urgido a investigar cuando existan las condiciones institucionales apropiadas para ello.

Crisis en Nicaragua

Nicaragua vive su peor crisis política desde los tiempos de la guerra civil por unas protestas que comenzaron en abril por una polémica reforma de la seguridad social y que aumentaron hasta exigir la «democratización» del país centroamericano.

Ortega ofreció un diálogo nacional para sofocar las protestas, pero no prosperó por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las movilizaciones en las calles cesaron hace meses, si bien activistas y opositores denuncian ahora la existencia de un estado policial con redadas en ONG y medios de comunicación.

De hecho, el informe debía haberse presentado el jueves en Managua, pero ese mismo día el Gobierno expulsó al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y al GIEI por, supuestamente, no cumplir con sus objetivos.