Donald Trump violó la ley al retener las ayudas a Ucrania

A punto el Senado de abrir juicio sobre Donald Trump, las voces que censuran al presidente de Estados Unidos siguen emergiendo. En esta ocasión, ha sido la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) la que ha concluido que la Administración del magnate neoyorquino actuó ilegalmente cuando retuvo las ayudas económicas que el Congreso había destinado a Ucrania.

El caso de la trama ucraniana se encuentra en el centro de la investigación por la cual el presidente estadounidense está siendo juzgado. Durante la fase de pesquisas, se trató de dilucidar si Trump había incurrido en conducta ilícita en las conversaciones que mantuvo el pasado mes de julio con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenskiy. Presuntamente, el actual inquilino de la Casa Blanca presionó al dirigente europeo para que investigara los lazos del demócrata Joe Biden, uno de los favoritos para ganar las primarias de su partido, con la empresa, y de su hijo Hunter con la empresa de gas Burisma.

Trump jugó con las ayudas de su país para forzar a Zelenskiy a cumplir con su parte del trato, según la acusación. Después de escuchar a los testigos, la Cámara de Representantes determinó que el presidente había incurrido en un delito de abuso de poder y en otro de obstrucción al Congreso, debido a las múltiples trabas que había puesto en el curso del proceso contra él.

A la espera de lo que decida el Senado, la GAO ha emitido su propio dictamen. En un documento de ocho páginas, este organismo independiente -cuya labor es asimilable, salvando las distancias, a la del Defensor del Pueblo- ha sentenciado que, efectivamente, la Oficina de Gestión y Presupuestos (OMB, por sus siglas en inglés) violó la llamada Ley de Control de Embargos (‘Impoundment Control Act’). Este documento jurídico, que data de 1974, prescribe que Presidencia no puede imponer sus propias decisiones presupuestarias al Congreso. En otras palabras, estipula que cualquier modificación de las partidas presupuestarias ha de contar con la aquiescencia del legislativo.

Según el escrito publicado este jueves por la GAO, Trump retuvo las ayudas, valoradas en 250 millones de dólares, que el Congreso había destinado a Kiev en el marco de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania (USAI). De esa cantidad, unos 214 millones (más del 85%) se quedaron inicialmente en las arcas públicas de Estados Unidos. “La ejecución fiel de la ley no permite al presidente sustituir sus propias prioridades políticas por aquellas que el Congreso ha sancionado en forma de leyes”, recuerda el texto. En sus conclusiones, la GAO sugiere que el Ejecutivo debería, al menos, haber justificado ante el Congreso su maniobra.

El informe de la GAO ha salido a la luz el mismo día que el proceso de destitución de Donald Trump se ha trasladado de forma definitiva al Senado. Los congresistas designados por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi han entregado a la Cámara Alta los denominados “artículos de impeachment”, en los que se detallan los cargos presentados. Entre los enviados, han figurado Adam Schiff y Jerrold Nadler, presidentes, respectivamente, del Comité de Inteligencia y del Comité Judicial de la Cámara Baja. Estas dos agrupaciones parlamentarias han sido las encargadas de instruir la investigación hasta la fecha.

A partir de ahora, es el Senado, de mayoría republicana, el escenario donde se decidirá el futuro político más inmediato de la política estadounidense. Después de que los artículos fuesen entregados, se ha instituido a John Roberts, máxima autoridad del Tribunal Supremo, como el presidente del juicio sobre Trump. Igualmente, los cien integrantes de la Cámara Alta han sido investidos como jurados.

No obstante, se prevé que la reanudación del proceso no tenga lugar de forma inmediata. Según ha informado la CNN, la fecha que maneja Mitch McConnell, portavoz de los republicanos en el Senado, es el próximo martes, 21 de enero. Se estima que esta nueva fase del impeachment se prolongue durante varias semanas. Los demócratas, además, intentarán que declaren en los próximos días aquellos testigos clave que Trump veto y, como consecuencia, no pudieron comparecer previamente ante la Cámara de Representantes.

Estados Unidos afronta dividida la recta final de un proceso que comenzó el pasado mes de septiembre. Esa polarización se ha trasladado a los organismos públicos de representación; durante las primeras etapas de la investigación, los congresistas republicanos se opusieron en bloque a las conclusiones de los comités, que salieron adelante únicamente gracias a los demócratas.

La lealtad a las siglas políticas se ha exacerbado a lo largo de los últimos meses en las esferas de poder del país, lo que hace presagiar que, finalmente, el intento de destitución del presidente no prosperará. Para culminar el impeachment, es necesario el voto reprobatorio de dos tercios de los senadores. Los demócratas solo cuentan con 45 escaños. Hay, asimismo, dos independientes que, se supone, votarán a favor. Sin embargo, aun restarían veinte votos para sacar adelante la moción. Es altamente improbable que veinte senadores republicanos voten contra un presidente de su partido.