García Martín: «La mejor medida anticorrupción es que Pedro Sánchez dimita y abandone la presidencia»

• Rafael Sánchez
• Redactor de Nacional de OKDIARIO. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. rafael.sanchez@okdiario.com
• • 28/05/2026 13:31
  • Actualizado: 28/05/2026 14:11

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, intervino este jueves en el foro La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira, organizado por OKDIARIO en el espacio de Mutualidad de Madrid, y trazó un diagnóstico demoledor sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En su intervención, el consejero calificó la norma de nuevo eslabón en una cadena de reformas diseñadas para debilitar los contrapesos institucionales del Estado de derecho y reclamó la dimisión del presidente como «la medida anticorrupción más eficaz posible».

García Martín enmarcó la ley dentro de lo que describió como un patrón sistemático de iniciativas del Ejecutivo destinadas a erosionar el equilibrio entre poderes. En ese rosario incluyó la Ley de Amnistía —»la más corrupta de la historia de la democracia, un pacto de impunidad con delincuentes a cambio de poder»—, la llamada ley Begoña, la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, la ley de eficiencia procesal y, ahora, esta Ley de Integridad Pública. «Todas estas reformas de gran calado institucional, impulsadas además sin consenso, erosionan el equilibrio entre poderes y acaban debilitando los controles esenciales en un Estado de derecho», subrayó.

Una agencia anticorrupción al servicio del Ejecutivo

El consejero centró buena parte de su análisis en la agencia única de lucha contra la corrupción que contempla el anteproyecto, presentada por el Gobierno como organismo independiente. García Martín desmontó esa pretensión señalando que su diseño institucional revela «sin disimulo una clara dependencia del Ejecutivo central, en concreto del Ministerio de Hacienda»: el Gobierno controla su presupuesto, fija sus reglas y condiciona el nombramiento y cese de toda su cúpula directiva. «Con ese esquema no se puede hablar de autonomía real», afirmó, y aventuró que, una vez colonizada por el correspondiente comisario político —al igual que ha ocurrido con el Banco de España, el Tribunal Constitucional o la AIReF—, la agencia se dedicará a investigar a los gobiernos del PP y a tapar los casos de corrupción del sanchismo. «Esto no es una crítica, esto es una crónica», remarcó.

El desmantelamiento del control notarial

García Martín también denunció que el anteproyecto desmantela el sistema de escritura pública y control notarial en la transmisión de participaciones societarias para sustituirlo por un modelo basado en el documento privado electrónico. A su juicio, con ello se elimina «ese filtro esencial en la prevención del fraude que hoy permite identificar operaciones sospechosas y dificultar la creación de estructuras opacas o el uso de testaferros». El consejero defendió que documento público y registro no son alternativas, sino garantías complementarias, y recordó que la Comunidad de Madrid ya presentó alegaciones formales al anteproyecto en ese sentido.

La trama de Ferraz y el caballo de Troya en la Moncloa

El consejero madrileño aludió al registro de la sede del PSOE en Ferraz por parte de la UCO, encuadrado en la investigación de la supuesta trama para boicotear procedimientos judiciales que afectan al Ejecutivo y al partido socialista. «Eso es extremadamente grave —advirtió—, porque tenemos al caballo de Troya en el propio Palacio de la Moncloa, tratando de reventar absolutamente todo en beneficio suyo, en beneficio de su familia, en beneficio de su partido y en beneficio de su gobierno».

García Martín enumeró también los principales casos de corrupción vinculados al Ejecutivo —Ábalos, Cerdán, Plus Ultra, Air Europa, SEPI, la fontanera Leire Díaz— y concluyó que todos responden a un mismo patrón: «abuso de poder, redes clientelares y una degradación profunda de los estándares de integridad pública». «Un gobierno con estos antecedentes carece de autoridad moral para erigirse en impulsor de una ley que pretenda combatir la corrupción», zanjó.

«Que Pedro Sánchez dimita»

El consejero cerró su intervención con una petición directa: «La mejor medida anticorrupción posible no pasa por presentar este tipo de leyes llenas de artificio y de retórica, sino por algo mucho más sencillo: que Pedro Sánchez dimita y abandone la presidencia del Gobierno». García Martín extendió la exigencia a los socios del Ejecutivo —independentistas, Bildu y partidos de ultraizquierda— a quienes responsabilizó de sostener «al gobierno más corrupto de la democracia» y emplazó a los ciudadanos a reclamárselo en las urnas.