Díaz propone a Sánchez un nuevo impuesto para embolsarse el 25% de la venta de viviendas
La medida afecta a las operaciones de venta hechas en menos de 730 días desde su compra
Sumar emprende una batalla más contra la propiedad privada. El partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere un nuevo impuesto que grave el 25% el precio total de la venta de la vivienda. Dicen los socios del PSOE que así se pondrá fin al «acaparamiento» inmobiliario y se ampliará el mercado para jóvenes y familias vulnerables.
La medida del ala comunista del Ejecutivo de Pedro Sánchez afectaría a las viviendas que sean vendidas por su propietario menos de 730 días después de comprarlas. Es decir, cuando el piso sea vendido menos de dos años después de haber sido comprado. Habría algunas excepciones en la aplicación de este gravamen, como que en la venta existan por motivos de necesidad de accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia.
La iniciativa, que en definitiva busca acabar con la especulación del mercado inmobiliario, se trata de una proposición no de ley (PNL) que lleva la firma del diputado de Compromís, integrado en el Grupo Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez i Mezquita.
Según el texto de la propuesta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la ofensiva se justifica en que España está sufriendo un «proceso de acaparamiento de vivienda». Argumentan desde Sumar que los jóvenes son los más vulnerables por esta situación. Además, añaden que en los últimos años ha sido la vivienda «un bien de mercado con el que especular» por parte de un ala «minoritaria» de la sociedad española y por fondos buitre tanto del ámbito nacional como internacional.
Acabar con el ‘flipping’ y los ‘influencers’
La iniciativa de los socios de la coalición de Sánchez pone el foco en una técnica conocida como flipping inmobiliario; una estrategia de inversión para la compra de una propiedad de manera rápida y por debajo del valor de mercado. Para Sumar, se trata de «prácticas especulativas» al permitir a los propietarios revender un inmueble a un precio más elevado y de una manera más rápida.
Según su escrito, este tipo de tácticas «no sólo hurta a la vivienda su función social, sino que, al especular con ella, contribuye al encarecimiento de su precio, haciendo más inaccesible un bien de primera necesidad para la mayoría social».
Junto al flipping, Sumar también emprende una batalla contra los influencers, coach y gurús a los que acusa de sacar beneficios al enseñar a los jóvenes «cómo hacerse millonarios sin más mérito ni esfuerzo que disponer de un capital inicial con el que poder especular, pero ocultando el sufrimiento que ocasionan a la mayoría especulando con un derecho como la vivienda».
Según los de Díaz, la herencia inmobiliaria en España representa «más del 77% de la desigualdad». Dicen en su escrito, «una brecha que, en los próximos años, con la ‘gran sucesión’ a una parte de los millennials será mucho mayor».
Disuadir a los propietarios
La iniciativa de los de Díaz, con la que pretenden no sólo asentar nuevas bases legales para limitar la propiedad privada, sino también una reforma fiscal que desincentive la compra de vivienda, sin embargo, no es nueva. Ya el pasado mes de junio, OKDIARIO se hacía eco de una propuesta de Podemos, socios de Sánchez, planteada en términos similares a la de Sumar.
A través de una enmienda a una proposición no de ley (PNL) para la regulación de los contratos de alquiler temporal o de habitaciones, la formación morada instaba al Ejecutivo a impedir que las personas que comprasen una casa no pudieran ofrecerla en alquiler hasta que no pasasen cuatro años desde su compra. Y eso, además de impedir a las «personas jurídicas» poder adquirir una vivienda.
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