La UE advirtió a Sánchez de que la corrupción por malversación «es delito» incluso sin enriquecerse

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 16/11/2022 06:47
  • Actualizado: 16/11/2022 08:58

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo va a tener nada fácil para convencer a Europa de sus planes para reformar el Código Penal al dictado de sus socios independentistas para beneficio de los golpistas del 1-O. Especialmente en lo que respecta a su declarada intención de reformular el delito de malversación, una forma de corrupción contra la administración pública. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) advirtió al Gobierno de Sánchez de que cualquier «uso indebido de recursos públicos» es un «delito sancionable». En su informe de recomendaciones a España, el equipo de anticorrupción de la Unión no hace distinción alguna entre el enriquecimiento personal o la ausencia de este, como ahora argumenta el Gobierno. Más de 500 condenados por corrupción se podrán beneficiar de esta iniciativa de Moncloa, con el ex presidente del PSOE José Antonio Griñán y el separatista Oriol Junqueras a la cabeza.

Así lo dice textualmente el informe de evaluación de España, en el que se recoge un análisis de las iniciativas y principales frentes de actuación contra la corrupción: «El uso indebido de recursos públicos constituye un delito de malversación (artículos 432 a 435, Código Penal) y también es sancionable con arreglo al Derecho administrativo, ya que los altos cargos tienen la obligación de gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos (artículo 26 de la Ley 19/2013)».

Esta categoría de «uso indebido de recursos públicos» configura el punto 94 del documento de recomendaciones que el GRECO emitió en la quinta ronda de evaluación, correspondiente a 2019. Es el último informe definitivo, ya que la pandemia y las elecciones generales de finales de 2019 imposibilitaron al organismo elaborar un nuevo análisis.

Lo que sí ha emitido el GRECO es su informe sobre cumplimiento de las medidas propuestas en ese informe de 2019, en el que se cita la malversación como una forma de corrupción de los funcionarios públicos. Una evaluación en la que el Gobierno de Sánchez no sale bien parado: de 19 puntos a mejorar, siete se han abordado de forma parcial y 12 de ellos no se han cumplido. Moncloa no ha impulsado ninguna de las mejoras propuestas en su lucha contra la corrupción, el motor principal sobre el que giró la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder en verano de 2018.

Argumentos

El argumentario del Gobierno para acometer la eliminación de la sedición del Código Penal Español giró en torno a la «adecuación» del delito al marco europeo. A la tipificación que hacen otros países europeos. Y también a la obsolescencia histórica del delito, alegando que data de principios del siglo XIX aunque en realidad haya sido aprobado por última vez en 1995.

Sin embargo, ninguno de esos argumentos le sirven al Ejecutivo para dulcificar, de cara a la opinión pública, la segunda etapa de esa «amnistía encubierta» a los golpistas catalanes que denuncian los jueces: la modificación del delito de malversación. El último escollo que le resta por delante a los condenados por el 1-O de cara a levantar su inhabilitación para cargo público y poder volver a la política activa. A ellos y a otros 25 altos funcionarios y políticos catalanes que aún se enfrentan a acusaciones por malversar en aras del procés.

Pero no son los únicos que, de forma directa o indirecta, se beneficiarían de la reformulación del delito de malversación. También a condenados por el caso de los ERE de Andalucía, como el ex presidente socialista José Antonio Griñán, podrían ver alteradas sus condenas -e inhabilitaciones- con la entrada en vigor de una nueva tipificación más laxa. Y como informa OKDIARIO este martes, los 526 funcionarios y políticos condenados por malversación desde 2016, margen temporal en el que encajan todos los inhabilitados por este delito con la pena mínima de seis años que contempla la actual redacción del delito.