El TSJC devuelve a los Mossos la gestión exclusiva de la seguridad del Palacio de Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado devolver a los Mossos d’Esquadra la gestión en exclusiva de la seguridad del Palau de Justicia de Barcelona, donde este tribunal tiene su sede, y la retirada de los agentes de la Policía Nacional, que se habían desplegado por si se declaraba la independencia.

Así lo ha acordado en un escrito en el que ordena que la retirada de los efectivos de la Policía Nacional sea efectiva mañana, para que el sábado, 2 de diciembre, la seguridad del Palacio de Justicia sea asumida de nuevo en exclusiva por los Mossos d’Esquadra.

Barrientos acordó el pasado 6 de octubre, tras la celebración del referéndum de independencia del 1-O, entregar la vigilancia de la sede del alto tribunal catalán a la Policía Nacional, para «preservar la integridad del poder judicial» ante una eventual declaración de independencia, que el Parlament votó el 27 de octubre, aunque quedó sin efecto tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del TSJC argumentó entonces que la Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobó el Parlament, y que el Constitucional suspendió después, «vienen a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen».

Además, recordaba que la Ley de Transitoriedad Jurídica «regula y desarrolla un poder judicial que ignora la previsión constitucional y las disposiciones orgánica reproducidas» y que, pese a que el Constitucional ha suspendido esa norma, «se constata la determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para su vigencia y aplicación efectiva».

El escrito también ponía de manifiesto que la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament habían convocado un pleno que incluía como único punto del orden del día la comparecencia del entonces presidente catalán Carles Puigdemont para valorar los resultados del referéndum del 1-O, con una eventual declaración de independencia encima de la mesa.

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que comportó la destitución en pleno del gobierno catalán y la intervención de los Mossos d’Esquadra, Barrientos ha acordado ahora devolver a la policía catalana la custodia del Palacio de Justicia, ante «la pérdida de vigencia» de las razones que llevaron a cederla a la Policía Nacional.

Según Barrientos, el «nivel de contención actual de los riesgos de alteración de la legalidad constitucional y de afectación del servicio público» reclaman el «retorno a la ordinariedad en todo lo relativo a la vigilancia y aseguramiento del normal funcionamiento de las instalaciones del palacio de Justicia y de la seguridad de los usuarios».

Con esta decisión, Barrientos afirma que pretende hacer efectiva «en su plenitud» la competencia propia de los Mossos d’Esquadra, que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, ya que, según destaca, la «habían venido realizando de manera eficaz».

El presidente del TSJC, que en su escrito reconoce el «cumplimiento escrupuloso» de la misión de seguridad encomendada a la Policía Nacional, establece que los Mossos tendrán que desplegar, en el marco de su «competencia propia», los efectivos necesarios a partir del sábado para la «completa preservación» de la seguridad del edificio y el normal funcionamiento de los Tribunales.

Barrientos ha ordenado también que se transmita esta orden a las unidades de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra destacadas en el interior del Palacio de Justicia, «para su inexcusable cumplimiento», así como de sus mandos operativos.

Tras la aplicación del 155, con la que el Gobierno respondió a la votación en el Parlament de la declaración de independencia, el ejecutivo central destituyó al entonces presidente Carles Puigdemont -huido a Bélgica- y a todos sus consellers -ocho de los cuales permanecen encarcelados por orden de la Audiencia Nacional- y destituyó a la cúpula de Interior y al mayor Josep Lluis Trapero como jefe de los Mossos, ahora comandados por el comisario Ferran López.