Torrent desafía al Supremo y convoca para el viernes la investidura de Jordi Sànchez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este viernes el pleno para investir presidente de la Generalitat al número dos de JxCAT, Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva, y ha instado al Supremo a permitirlo para «garantizar» así los «derechos políticos» del candidato.

Torrent ha firmado esta mañana la convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado, tras la que propuso el nombre de Sànchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al Tribunal Supremo que le permita salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) para poder ser investido president.

El Comité de Derechos Humanos, formado por 18 miembros, aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pero dos de ellos firmaron un escrito en el que se llamaba a España a adoptar «las medidas necesarias para garantizar» que pueda «ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

Además de la convocatoria del pleno para las 10.00 horas del viernes y la propuesta de candidato a la investidura, Torrent ha enviado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado 23 de marzo, así como una carta en la que insta al Estado a «tomar todas las medidas necesarias» para garantizar los «derechos políticos» de Sànchez.

En este escrito dirigido al Supremo, Torrent señala que «la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura».

En el caso de que el Tribunal Supremo «no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales», añade.

Torrent recalca que Sànchez «es diputado del Parlamento de Cataluña y se encuentra en prisión preventiva, pero dicha medida cautelar no puede ser utilizada para limitar el legítimo ejercicio de sus derechos políticos».

«La prisión preventiva no comporta la privación del derecho al sufragio pasivo, que incluye necesariamente el derecho a ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña si así lo decide una mayoría parlamentaria», agrega.

Sànchez ya fue propuesto por Torrent como candidato a la investidura después de que Carles Puigdemont renunciara a ello, pero ese primer intento se vio frustrado ya que el Supremo denegó la excarcelación del candidato para acudir al pleno convocado para el 12 de marzo en que tenía que ser investido.