España
Huelga del taxi

Un taxista sobre las octavillas amenazantes: «Que España sepa de quién dependemos 67.000 familias”

Las octavillas amenazantes de los taxistas han corrido como la pólvora por las calles de Madrid. En ellas el sector del taxi señala los vínculos de ex dirigentes políticos y empresarios con empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC), Uber y Cabify. Tal y como denuncian a OKDIARIO, “67.000 familias viven del sector del taxi”.

Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, afirma a este periódico que “estas octavillas se han hecho, realmente, para que todos los ciudadanos conozcan quién está detrás de las autorizaciones (de los VTC) y detrás de estos vehículos empresariales”. Fernández recuerda que “en Madrid hay 20.000 y en España 67.000 personas que realizan la actividad del transporte y la Comunidad de Madrid no quiere perjudicar a estas personas que están detrás de estas autorizaciones”.

La octavilla de los taxistas pone en la diana desde el marido de Inés Arrimadas hasta el ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pasando por el empresario sevillano, Rosauro Varo, hijo de Amalia Rodríguez, actual diputada del PSOE por Sevilla en el Congreso de los diputados. “Se ve que hay muchas puertas giratorias en el PP” afirma a OKDIARIO, Azucena Cabezas, portavoz de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi).

“Estamos muy crispados y todo lo que veamos relacionado con estas empresas que han venido a hacernos daño se va a denunciar” incide esta taxista, que aclara que detrás de las octavillas no se encuentra Fedetaxi.

La Comunidad de Madrid ya ha descartado “legislar para garantizar el exterminio” del sector y regular con una precontratación temporal en el sector del VTC, tal y como reclama el taxi. Una actitud que critican desde el sector, por lo que seguirán dando la batalla. “No tenemos ni límite ni fin” sostiene el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Los taxistas no entienden cómo «sin tener un texto, ya indique que no va a regular. No entendemos cómo, teniendo competencias, no regule como se ha hecho en otras comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, próximamente en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana. No entendemos ese interés por parte de la Comunidad de Madrid de salvaguardar a las corporaciones frente a un colectivo de 20.000 familias».