El Supremo salva el último obstáculo para exhumar a Franco: la licencia de obra no es necesaria

La licencia de obra que debe otorgar el Ayuntamiento de El Escorial no será obstáculo para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo ha resuelto el principal escollo que existía para el proyecto del Gobierno.

Según los magistrados, la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno, en sentido contrario a la tesis que hasta la fecha mantiene el juez de Madrid que paraliza la licencia.

El magistrado José Yusty Bastarreche, titular del del Contencioso-Adminisrativo número 3 de Madrid, mantiene desde el pasado mes de febrero en suspenso el preceptivo permiso de obra por motivos de seguridad. «Si la sentencia del Tribunal Supremo se hace pública antes de que yo emita mi veredicto, entonces tendré que leerla varias veces con detenimiento para determinar si hay algo en la misma que afecte a mi procedimiento», declaró la semana pasada en exclusiva a OKDIARIO.

Pues bien, el Supremo ha publicado este lunes la sentencia, una vez que el pasado martes adelantó el fallo que por unanimidad avaló el plan del Gobierno socialista de exhumar los restos del dictador para reinhumarlos en el cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio. El destino elegido por el Gobierno es contrario al deseo de la familia que desde el comienzo del litigio ha manifestado siempre su voluntad expresa de hacerlo en la cripta, de la que es propietaria, en la madrileña Catedral de la Almudena.

Para los magistrados, «no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor», ni contradice la normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que informó favorablemente al levantamiento de la losa, una decisión que mantiene suspendida cautelarmente el juez José Yusty y que se erige hasta la fecha en el principal obstáculo para exhumar al dictador.

La familia 

En la decisión unánime de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que se ha notificado hoy a las partes, los seis magistrados recogen la tesis propuesta por el ponente de la sentencia, el juez Pablo Lucas, donde se indica que la «facultad» de la familia Franco para «la elección del lugar de enterramiento de sus deudos» no es «incondicionada».

Para los magistrados «no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes».

Un motivo por el que concluyen que el proyecto de exhumación del Gobierno se encuentra dentro de los límites constitucionales y su urgencia está justificada. Y abunda en la idea de que la significación de la propia figura del dictador hace que no se pueda tratar la reinhumación de una cuestión de mero «carácter privado».

Por ello descarta la posibilidad de La Almudena, tanto por las razones de seguridad -que alegó el Ejecutivo de Pedro Sánchez- como por la lectura social y política que podría hacerse del enterramiento de Franco en la icónica catedral madrileña.

Fundación Franco 

La Fundación Francisco Franco, institución que vela por el legado histórico y político del que fuera Jefe del Estado, ha acusado al Tribunal Supremo de provocar «una tremenda indefensión y duda de imparcialidad» por haber adelantado la semana pasada el fallo sin haber proporcionado con él la sentencia.

Sea como fuere, salvados ya todos los obstáculos legales, la intención del Gobierno socialista es exhumar a Franco antes de la cita electoral del próximo 10 de noviembre, cumpliendo así una promesa que Pedro Sánchez hizo hace ya más de un año, tras su llegada a Moncloa.