El Supremo dictará la sentencia del 1-O después de las municipales para evitar que se use políticamente

El Tribunal Supremo no dictará la sentencia sobre el referéndum ilegal del 1-O hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Aunque las cuestiones previas se inicien previsiblemente tras el puente de diciembre, las sesiones del juicio no comenzarán oficialmente hasta la segunda o la tercera semana de enero.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el aluvión de escritos y recursos presentados por los golpistas ante el Alto Tribunal han provocado el retraso en el inicio del juicio y por tanto, en la sentencia. El Supremo quiere resolver todos y cada uno de dichos escritos antes del iniciar las sesiones para que los acusados no aleguen indefensión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Precisamente, la Sala Segunda del Supremo en una providencia reciente subrayaba la “estrategia dilatoria” de la defensa de Junqueras y Romeva, “contraria al derecho de los encausados a un proceso sin dilaciones indebidas”. Rechazaba así tramitar el recurso de súplica para ampliar nuevamente el trámite de instrucción a las partes tras la conclusión del sumario dictada por el magistrado Pablo Llarena.

Además, los magistrados del Alto Tribunal no quieren emitir el fallo hasta después de los comicios locales y autonómicos para «no interferir» en esta importante cita electoral. No obstante, se prevé que el juicio, uno de los más importantes de la historia de la democracia española, pueda extenderse entre 2 o 3 meses aproximadamente.

La semana pasada finalizaba el plazo para que las defensas presenten sus alegaciones sobre la conclusión de la instrucción del sumario. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX ya solicitaron la apertura del juicio oral, siguiente fase de la instrucción en el sumario ordinario donde las partes presentan sus escritos de acusación y defensa. El Supremo podría dictar el auto de apertura de juicio oral la próxima semana.

Una vez se decrete la apertura de juicio oral en los próximos días, la Fiscalía remitirá al Supremo el escrito de acusación en el que se calificarán los delitos presuntamente cometidos por los políticos independentistas. Tal y como ha trascendido en las últimas semanas, el Ministerio Público mantendría la acusación inicial de rebelión.

Los nueve políticos independentistas en prisión preventiva tras ser procesados por rebelión son: los exconsellers de Presidencia, Jordi Turull; Interior, Joaquim Forn; Exteriores, Raül Romeva; Territorio, Josep Rull; Trabajo, Dolors Bassa; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidente de ANC, Jordi Sánchez; el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El escrito de acusación de la Fiscalía

El pasado fin de semana trascendía que la Fiscalía del Tribunal Supremo estudiaba pedir penas de entre 20 y 25 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como cabecilla del golpe de Estado independentista.

De esta forma, el Ministerio Público barajaría pedir penas agravadas para los líderes del golpe y penas más atenuadas según el grado de responsabilidad del resto de imputados en la causa instruida por el juez Pablo Llarena.

a aplicación de estas penas más altas obedecería, según el borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas.No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podría verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas.

En este contexto, la Fiscalía estudiaría pedir penas de entre 20 y 25 años de prisión para Junqueras y los ex consellers que permanecen en prisión: Joaquim Forn (quien como titular de Interior era el máximo responsable de los Mossos de’Esquadra), Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

En un segundo nivel de penas, se estudia pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

No obstante, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación.