El Supremo cree que tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la irrupción saudí de STC en Telefónica

El Tribunal Supremo da por hecho que se presentarán recursos contra la entrada de la empresa saudí STC en el accionariado de Telefónica y su aprobación por parte de Pedro Sánchez. La operación empresarial que ha provocado un terremoto a múltiples niveles tiene visos de judicializarse. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por OKDIARIO indican que esperan que la autorización por parte del Gobierno para la compra del 9,9% de la antigua telefónica estatal por 2.100 millones de euros acabe en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en los próximos meses.

Estas mismas fuentes indican, no obstante, que si son partidos políticos los que impugnan esta inversión de Arabia Saudí previsiblemente se les inadmitirá por no tener legitimidad en este campo. Por el contrario, si empresas de la competencia del mismo sector de las telecomunicaciones ponen reparos a esta operación sí es posible que los jueces del Supremo entren en el fondo de la compra de parte de Telefónica por parte de STC.

Los acuerdos de Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que preside Nadia Calviño llegan directamente al Alto Tribunal. Si se impugnan resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el asunto llegaría al Supremo en casación tras una primera sentencia de la Audiencia Nacional.

Como telón de fondo están los posibles motivos que pueden llevar esta operación ante los tribunales. Por un lado, partidos como Podemos y Sumar han puesto el grito en el cielo porque son contrarios a que Arabia Saudí entre en una empresa ligada a la Seguridad Nacional del país. Yolanda Díaz y Ione Belarra, entre otros políticos de izquierda, han apuntado que si STC, participada al 64% por el fondo soberano Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, entra en Telefónica España perdería soberanía. En este contexto, el Gobierno tendrá que autorizar la compra y, en su caso, justificar con precisión los motivos para dar luz verde si no quiere que los tribunales tumben el expediente.

Los ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos tendrán que pronunciarse desde el Ejecutivo del que paradójicamente forma parte Sumar y Podemos. Así, las ministras Margarita Robles y Nadia Calviño en los últimos días afirman que siguen «muy de cerca» la maniobra empresarial. No obstante, este mismo lunes la vicepresidenta económica ha expresado que no han recibido una notificación oficial del grupo saudí que desencadene el pronunciamiento oficial del Gobierno.

El asalto de STC a Telefónica

Al ser Telefónica una empresa con intereses en el ámbito de la defensa nacional debe ser autorizada por el Consejo de Ministros ante compras de más del 5% de sus acciones como es el caso. En el marco de la pandemia se endurecieron el blindaje anti OPA. Se aprobó un Real Decreto sobre inversiones exteriores que hace más severa la normativa vigente que regula la inversión de empresas extranjeras en compañías españolas (la Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales).

«Lo cierto es que no se ha producido ninguna notificación oficial y, por tanto, no se ha iniciado ningún trámite específico relativo a esta operación. Estamos, como no puede ser de otra manera, siguiendo muy de cerca todos los desarrollos que se puedan producir en ese contexto, pero no hay ningún cambio y ninguna novedad en este ámbito», ha expresado Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes.

Por su parte, el consejo de administración de Telefónica tiene previsto realizar una reunión ordinaria esta semana. Tratará previsiblemente la entrada de STC como su principal accionista. En paralelo, además, la operadora española ha creado un comité de crisis y se han realizado viajes para conocer a fondo las pretensiones del citado grupo árabe.